- Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada el 23 de septiembre de 2026 de su piso de renta antigua en Madrid tras siete décadas viviendo allí.
- La empresa propietaria, Urbagestión, rechazó ofertas para comprar el inmueble o cubrir la diferencia del alquiler, incluida una propuesta del Ministerio de Vivienda.
- El caso ha provocado protestas en una docena de ciudades, una acampada en la Puerta del Sol y un intenso debate político sobre la crisis de la vivienda.
- La ley de arrendamientos de 1994 limitó la subrogación a dos años salvo discapacidad del 65%, y Maricarmen tenía reconocido un 50%.
La historia de María del Carmen Abascal, conocida por todos como Maricarmen, se ha convertido en el rostro de una de las mayores polémicas sobre vivienda que se recuerdan en España. Esta mujer de 87 años, con movilidad reducida y una discapacidad reconocida del 50%, fue desalojada el 23 de septiembre de 2026 del piso que ocupaba desde 1956 en el barrio madrileño de Retiro. Salió en camilla, en medio de una gran tensión, y una ambulancia la trasladó al Hospital Gregorio Marañón.
Su caso no solo refleja un drama personal, sino que ha destapado las costuras del mercado de alquiler y el debate sobre los contratos de renta antigua. La propiedad del inmueble, la sociedad Urbagestión, rechazó distintas alternativas que le habrían permitido cobrar lo que pedía sin echar a la inquilina. Mientras tanto, las administraciones se cruzan acusaciones y la calle ha respondido con protestas multitudinarias.
El desalojo que conmocionó al país
La comisión judicial ejecutó el desahucio al cuarto intento. Maricarmen salió del inmueble en camilla, sin poder recoger sus pertenencias, apenas con una sábana. La escena, reproducida en numerosos medios, se convirtió en la chispa de una ola de solidaridad y de indignación. Horas después, decenas de activistas y vecinos se concentraron a las puertas del edificio para intentar frenar el desalojo, aunque la policía acordonó la zona por mandato judicial.
Su abogada, Beatriz Duro, denunció que la propiedad no quiso negociar absolutamente nada y que el desahucio se llevó a cabo pese a que existían ofertas sobre la mesa. Duro insistió en que este tipo de situaciones se repiten a diario en España sin que se garantice una alternativa habitacional. La letrada también criticó que se pasen la pelota entre administraciones mientras las personas vulnerables quedan desprotegidas.
Tras la revisión médica, Maricarmen rechazó alojarse en una residencia temporal de la Comunidad de Madrid y prefirió quedarse con familiares. Los servicios sociales habían dictaminado que debía vivir en una residencia por su grado de dependencia, pero ella siempre defendió que quería seguir en una vivienda. Su entorno subraya que no se trata solo de un tejado, sino de su proyecto de vida durante más de siete décadas.
Un contrato de renta antigua con siete décadas de historia
El origen del conflicto está en un contrato de arrendamiento firmado en 1956 por el padre de Maricarmen. Estos alquileres, conocidos como de renta antigua, se firmaron antes del 9 de mayo de 1985 y se regían por normas muy distintas a las actuales. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 permitía prórrogas forzosas y hasta dos subrogaciones familiares, lo que explica que un contrato pudiera mantenerse durante generaciones.
Tras el fallecimiento del padre, la madre de Maricarmen se subrogó en el contrato. Cuando ella murió, en 2005, Maricarmen continuó como inquilina pagando unos 500 euros al mes. Su pensión, de unos 1.350 euros, quedaba muy lejos de los 2.650 euros que llegó a reclamarle la empresa propietaria, una cifra que después rebajó a 1.650 euros. Incluso esa cantidad superaba sus ingresos mensuales.
La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 limitó la segunda subrogación a dos años, con una excepción: que el familiar tuviera una discapacidad igual o superior al 65%. Maricarmen tenía reconocido un 50%, por lo que quedó fuera de esa protección. Los tribunales interpretaron que el contrato no podía prorrogarse indefinidamente, aunque ella hubiera vivido allí toda su vida y hubiera pagado religiosamente su renta.
La batalla judicial y las ofertas rechazadas
El recorrido judicial fue largo y con giros. En enero de 2022, el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid dio la razón a Maricarmen al entender que los anteriores propietarios habían consentido su subrogación. Sin embargo, cinco meses después, la Audiencia Provincial de Madrid revocó esa sentencia y falló a favor de la empresa. El Tribunal Supremo inadmitió el recurso de la inquilina y dejó firme la resolución de apelación.
A pesar de ganar el pleito, la propiedad no estaba obligada a ejecutar el desalojo de inmediato. Podía haber aceptado un acuerdo, aplazar la salida o detener el proceso. Hubo varias ofertas para evitarlo: una escritora anónima se ofreció a pagar de por vida la diferencia entre los 500 euros que abonaba Maricarmen y los 2.650 que exigía la empresa, además de cualquier deuda. También el músico James Rhodes dijo estar dispuesto a costear el alquiler o comprar el inmueble.
El Ministerio de Vivienda intentó comprar el piso a través de Casa 47, la entidad pública estatal, para convertirlo en alquiler público. Urbagestión rechazó todas las propuestas, según coinciden en señalar la abogada de Maricarmen y el propio Ministerio. La empresa también rehusó una mediación a la que, según la versión ministerial, había aceptado previamente pero a la que después no se presentó. Ni siquiera concedió a la anciana unas horas para recoger sus cosas.
Con posterioridad al desalojo, el Ayuntamiento de Madrid ofreció una reunión de mediación a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. El encuentro se fijó para el 28 de septiembre a las 16 horas. El programa SIA exige que el alquiler no supere el 40% de los ingresos, lo que en el caso de Maricarmen supondría una renta máxima de unos 540 euros. Las partes podían pactar otras condiciones fuera de ese marco, siempre que se detallara quién asumiría los pagos.
Los programas municipales y estatales tienen limitaciones. Ni ReViVa ni Casa 47 permiten adquirir viviendas con inquilinos dentro, y el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda contaba con una hipoteca. Además, si un organismo público compra una casa, debe adjudicarla conforme a sus listas de espera, no puede asignarla a dedo. Ese cóctel de requisitos legales dificultó una solución exprés.
Movilización social, política y crisis de vivienda
La reacción ciudadana no se hizo esperar. Miles de personas salieron a la calle en una docena de ciudades, y en Madrid la concentración convocada por el Sindicato de Inquilinas reunió a unas 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno. También se levantó una acampada en la Puerta del Sol con cientos de tiendas de campaña para exigir cambios en las políticas de vivienda. El caso de Maricarmen se convirtió en el símbolo de un malestar que venía de lejos.
En el plano político, el asunto desató un cruce de reproches. El Ministerio de Vivienda culpó a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de no haber ofrecido una alternativa habitacional, mientras que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, devolvió la responsabilidad al Gobierno central por no cambiar la ley. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, también quedó en el punto de mira. Los socios del Gobierno, como Sumar, propusieron incluso expropiar la vivienda.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, calificó la jornada como un día triste y dramático, y vinculó lo ocurrido con la especulación inmobiliaria. Desde el Ejecutivo se insistió en que se habían agotado las vías para mediar y comprar el piso. El Gobierno prometió un real decreto ley para frenar este tipo de desahucios, aunque su tramitación seguía envuelta en negociaciones y rechazos parlamentarios.
El trasfondo es una crisis de vivienda que afecta a toda España. En Madrid, el precio medio del alquiler rondaba los 23,3 euros por metro cuadrado en agosto de 2026, un 5,1% más que un año antes, y en una década se ha más que duplicado. El Banco de España calcula un déficit de unas 750.000 viviendas para atender la demanda. La brecha entre hogares que se crean y viviendas que salen al mercado presiona al alza los precios.
A esto se suma el papel de los contratos de renta antigua, una modalidad residual pero muy concentrada en los centros históricos de Madrid y Barcelona. Se estima que representan menos del 3% del mercado y que sus rentas pueden ser hasta diez veces inferiores a los precios actuales. Para los inquilinos son una tabla de salvación, pero para los propietarios suponen un quebradero de cabeza legal y económico que a menudo intentan resolver en los tribunales.
Organismos internacionales también se pronunciaron. En junio, el comité de la ONU que vigila los derechos económicos, sociales y culturales pidió paralizar el desahucio hasta garantizar una solución habitacional adecuada. La petición no detuvo el desalojo. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado y cita la vejez como una circunstancia merecedora de especial protección.
La historia de Maricarmen deja una fotografía incómoda: una mujer mayor, con discapacidad y sin recursos, fuera de la casa en la que vivió desde niña, pese a que la propiedad pudo cobrar lo que reclamaba. Su caso ha removido conciencias, ha llevado a miles de personas a la calle y ha puesto contra las cuerdas a las administraciones. Queda por ver si las promesas legislativas se traducen en cambios reales para que situaciones así no vuelvan a repetirse. Mientras tanto, ella sigue hospitalizada y sin una residencia definitiva, esperando una solución que nunca debió convertirse en noticia.