- El Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido un informe favorable, con condiciones, para que Almaraz funcione hasta junio de 2030.
- La decisión final recae en el Gobierno, que dispone de unos dos meses para autorizar o denegar la extensión.
- La central extremeña genera el 7% de la electricidad española y sostiene miles de empleos en la región.
- El debate enfrenta a partidarios del cierre escalonado y defensores de la continuidad por seguridad de suministro y empleo.
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado luz verde al dictamen técnico que permite a la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, prolongar su actividad hasta el 8 de junio de 2030. El informe, aprobado este jueves, no es vinculante, pero allana el camino para que el Gobierno tome la decisión definitiva sobre el futuro de la instalación. El aval del regulador se apoya en 29 documentos elaborados por 16 áreas especializadas que han verificado el correcto funcionamiento de los dos reactores y el mantenimiento de los niveles de seguridad exigidos.
La solicitud de prórroga fue presentada por las empresas propietarias —Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%)—, que gestionan la planta a través de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo. El calendario vigente fija el cierre del primer reactor para noviembre de 2027 y del segundo para octubre de 2028, pero las eléctricas quieren retrasar esa fecha tres años. Ahora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tiene la última palabra y deberá resolver en un plazo de aproximadamente dos meses.
El dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear
El CSN ha emitido un informe favorable con condiciones. En términos generales, mantiene los límites y condiciones de la autorización vigente, pero introduce dos modificaciones técnicas y una nueva exigencia: obliga a las propietarias a garantizar entre 2028 y 2030 márgenes adecuados de personal en puestos relacionados con la seguridad, por encima de la dotación mínima. El regulador también ha evaluado la capacidad de la central para gestionar el combustible nuclear gastado hasta 2030, concluyendo que la capacidad existente, junto con el nuevo almacén temporal ATI-100, es suficiente.
El dictamen se sustenta en la comprobación del correcto funcionamiento de la instalación y en el mantenimiento de un nivel adecuado de seguridad. El informe es preceptivo para que el Miteco pueda resolver la solicitud, pero no obliga al Gobierno a conceder la ampliación. Sin embargo, si el dictamen hubiera sido negativo, habría sido vinculante. El aval elimina así el principal obstáculo técnico y deja la decisión en manos del Ejecutivo.
Las condiciones del Gobierno y los plazos ajustados
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condicionado cualquier prolongación a tres requisitos: seguridad nuclear, garantía de suministro y ausencia de costes adicionales para los ciudadanos. El informe del CSN cubre el primero de ellos, pero los otros dos deberán ser evaluados por el Miteco. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha evitado comprometerse públicamente y ha insistido en que la decisión respetará el procedimiento legal y la planificación energética.
Los plazos son ajustados. Si el Gobierno no formaliza su autorización antes de que finalice el próximo mes de octubre, las eléctricas estarán obligadas a iniciar el proceso de cese del reactor I. El Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas exige presentar la documentación de cese definitivo al menos con un año de antelación, lo que generaría un escenario de doble vía: el análisis de la ampliación y la preparación del cierre simultáneamente. El Ejecutivo puede, no obstante, congelar los plazos si lo considera necesario.
Impacto económico y social en Extremadura
Almaraz es considerada la mayor industria de Extremadura. La planta genera alrededor de 3.000 empleos directos e indirectos, cifra que la gestora eleva hasta 4.000 en toda su zona de influencia, y aporta unos 435 millones de euros anuales en impuestos, de los cuales unos 100 millones corresponden a la región. Su cierre, según la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’, agravaría la despoblación y debilitaría el tejido económico de la comarca de Campo Arañuelo.
Las organizaciones favorables a la continuidad celebraron el dictamen del CSN. El presidente de la plataforma, Fernando Sánchez, pidió poner fin a la incertidumbre que afecta a miles de trabajadores y familias. Por su parte, el Partido Popular calificó el informe de «buena noticia» y reclamó al Gobierno que formalice la prórroga. En el lado opuesto, Greenpeace ha protestado contra la extensión, desplegando una pancarta en el arco de Moncloa con el mensaje «Pedro, cumple tu palabra. Di NO a la nuclear», y nueve activistas fueron detenidos y trasladados a comisaría.
El debate energético: nuclear frente a renovables
La decisión sobre Almaraz trasciende lo técnico. La central produce aproximadamente el 7% de la electricidad española, con 15.370 GWh en 2025, y evita la emisión de 6 millones de toneladas de CO₂ al año. Sus defensores argumentan que la nuclear es una fuente estable y libre de emisiones, complementaria a las renovables, y que su cierre obligaría a recurrir más al gas en momentos de baja producción eólica o solar. Además, recuerdan que la Unión Europea ha incluido la nuclear en su taxonomía de inversiones sostenibles bajo condiciones estrictas.
Los detractores, en cambio, advierten del riesgo de accidentes, del problema de los residuos radiactivos y del freno que supone para la transición energética. Un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos sostiene que el 96,4% de la electricidad de Almaraz podría ser sustituida de forma inmediata por renovables, y que prolongar su vida útil bloquearía inversiones por valor de 26.000 millones de euros en eólica, solar y almacenamiento. El debate se intensifica mientras el Gobierno mantiene su hoja de ruta de cierre escalonado de los siete reactores nucleares entre 2027 y 2035.
Próximos pasos y precedentes
El expediente vuelve ahora al Miteco, que deberá estudiar el informe del CSN y toda la documentación antes de adoptar una decisión. Si el Gobierno autoriza la prórroga, Almaraz se convertiría en la primera central nuclear española en superar la fecha de cierre pactada en 2019, lo que podría sentar un precedente para el resto de instalaciones, como Cofrentes, Ascó I y Trillo. Las eléctricas ya han anunciado que irán solicitando ampliaciones para todas ellas.
Mientras tanto, la presión social y política no cesa. La plataforma ‘Sí a Almaraz’ ha convocado movilizaciones en defensa del empleo, mientras que organizaciones ecologistas exigen el cierre inmediato. La decisión final, que se espera en las próximas semanas, marcará el rumbo de la política energética española y determinará si el país mantiene su apuesta por la nuclear o acelera la transición hacia un modelo 100% renovable.
El dictamen del CSN ha despejado la incógnita técnica, pero la pelota está ahora en el tejado del Gobierno. Con un calendario ajustado y posturas enfrentadas, la resolución sobre Almaraz no solo definirá el futuro de la central extremeña, sino que también condicionará el debate nuclear en toda Europa, donde países como Reino Unido, Hungría y Turquía siguen apostando por esta fuente de energía como parte de su mix de descarbonización.