La crisis migratoria en Ceuta ha dado un nuevo giro este sábado. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, ha firmado una orden para tomar el control de una parte del puerto de la ciudad autónoma y habilitar así un espacio de acogida temporal para más de un millar de migrantes que siguen viviendo a la intemperie. La medida, amparada en el artículo 73.3 de la Ley de Puertos, llega después de que la Autoridad Portuaria local rechazara ceder los terrenos, y ha generado un fuerte malestar entre el Gobierno ceutí, los empresarios y los vecinos.
La decisión permite a la Secretaría de Estado de Migraciones ocupar unos 16.000 metros cuadrados en el muelle de Poniente, donde se instalarán carpas con zonas de descanso, enfermería, servicios sanitarios y atención social. La orden, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, se justifica por la ‘excepcionalidad de la situación’ y la declaración de interés para la Seguridad Nacional. Sin embargo, la medida ha sido recibida con protestas y críticas por parte de quienes consideran que el puerto es una infraestructura estratégica que no debe utilizarse para este fin.
Una medida excepcional
La orden firmada por Puente se ampara en el artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, que permite al Ministerio asumir competencias sobre el dominio público portuario en casos de interés general. Según el texto, la ocupación temporal de estos terrenos responde a la necesidad de disponer de medios e instalaciones adecuados para la atención humanitaria y la gestión de la crisis existente. Puertos del Estado, dependiente de Transportes, emitió un informe favorable en el que reconoce que, aunque la instalación podría incrementar riesgos para la protección de infraestructuras críticas, concurren razones de interés general que justifican la autorización.
La resolución detalla que las carpas y estructuras provisionales albergarán una zona de descanso, enfermería y dispensario, así como áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal y una caseta de seguridad. Además, se ha solicitado al Ministerio del Interior que colabore activamente para reforzar la seguridad en la zona. La medida, que ya ha comenzado a ejecutarse con la llegada de maquinaria y operarios, tiene como objetivo dar una respuesta rápida a la situación de emergencia humanitaria que se vive en la ciudad.
La oposición de Ceuta
El Gobierno de la ciudad autónoma, presidido por Juan Jesús Vivas, ha calificado la decisión de ‘grave error’. En un comunicado, el Ejecutivo ceutí argumenta que el puerto es una infraestructura crítica y que los informes técnicos existentes desaconsejan su uso para este fin. Además, critican que el Gobierno central priorice la búsqueda de alojamiento para los migrantes en lugar de acelerar los retornos a Marruecos, que consideran la única solución para recuperar la normalidad en Ceuta.
La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) también ha mostrado su rechazo. En un comunicado, los empresarios aseguran ser ‘plenamente conscientes’ de la necesidad de alojar a los migrantes, pero cuestionan la conveniencia de utilizar espacios integrados en una infraestructura estratégica para la economía local. La Autoridad Portuaria, controlada por la ciudad, votó en contra de la cesión con 11 votos en contra y 4 a favor, lo que llevó al Ministerio a tomar el control directo.
Protestas y críticas políticas
La decisión ha provocado un nuevo ciclo de protestas en Ceuta. Los vecinos, que ya se habían manifestado en varias ocasiones contra la instalación de recursos de acogida en distintos puntos de la ciudad, han convocado una nueva marcha para esta tarde frente a la explanada del muelle de Poniente. ‘Hacen como que no nos oyen, pero nos vamos a hacer escuchar’, señalan en un grupo de vecinos. Las protestas se han extendido a otros ámbitos, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado duramente al Gobierno por tomar el control del puerto ‘en contra del criterio del Gobierno de Ceuta, del Consejo de administración de la Autoridad Portuaria y de los informes técnicos y jurídicos’.
Por otro lado, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido la medida en redes sociales, comparándola con la decisión tomada en Tenerife durante la crisis del hantavirus. Padilla asegura que es la opción ‘más ordenada’ y que se trata de una decisión extrema que hay que tomar cuando es preciso. Mientras tanto, los trabajos de acondicionamiento continúan, y se espera que las carpas estén listas para el fin de semana.
Un futuro incierto
La situación en Ceuta sigue siendo crítica. Más de un mes después de la entrada masiva de migrantes, cientos de personas continúan viviendo en condiciones insalubres en playas y zonas de monte. La falta de plazas de acogida y la negativa del Gobierno a trasladar a los migrantes a la península han prolongado la crisis. Además, este sábado se ha conocido el traslado de cerca de 300 niñas migrantes desde el polideportivo del colegio Reina Sofía hasta una nave en El Tarajal, un movimiento que se ha realizado con un amplio dispositivo policial.
La orden de Transportes, que estará vigente hasta finales de año, podría prorrogarse si la situación no se resuelve. Mientras tanto, el Gobierno central y el de Ceuta siguen sin encontrar un punto de encuentro. La decisión de tomar el control del puerto ha abierto un nuevo frente político y social, y no está claro cuánto tiempo podrá mantenerse esta solución provisional. Lo que es seguro es que la crisis migratoria en Ceuta está lejos de resolverse.
La crisis migratoria en Ceuta continúa, y esta nueva medida es solo un parche en un problema mucho más profundo. El Gobierno central ha impuesto su autoridad para habilitar un espacio de acogida en el puerto, a pesar de la oposición local. Las carpas, que albergarán a más de un millar de migrantes, son una medida temporal que busca aliviar la presión humanitaria, pero las tensiones políticas y sociales siguen latentes. La decisión de Óscar Puente, amparada en la Ley de Puertos, ha sido criticada por el Gobierno ceutí, los empresarios y los vecinos, mientras que el Ejecutivo central defiende su necesidad.
