- El Gobierno recibe más de 600 alegaciones al real decreto que regula los centros de datos, con duras críticas del sector.
- La patronal SpainDC alerta de que tres inversores, con 9.000 millones en juego, amenazan con irse de España si la norma no se modifica.
- La exigencia del 80% de renovables con correlación horaria y la adicionalidad son los puntos más polémicos.
- Amazon pide que los proyectos con permisos ya concedidos no asuman requisitos retroactivos.
El proyecto de real decreto para regular los centros de datos ha levantado una polvareda en el sector tecnológico y energético español. Lo que el Gobierno planteó como una medida para garantizar que estas infraestructuras no disparen la factura eléctrica ni tensionen la red se ha topado con una contestación sin precedentes. Las más de 600 alegaciones presentadas durante el periodo de consulta pública, que concluyó este jueves, evidencian un rechazo casi unánime entre los interesados, que consideran los requisitos técnicos de difícil o imposible cumplimiento.
El Ejecutivo, que ya ha admitido estar dispuesto a estudiar modificaciones, se encuentra ante la delicada tarea de equilibrar la protección del consumidor con el mantenimiento de la competitividad del país como destino de inversión. La patronal SpainDC calcula que están en juego unos 67.000 millones de euros de inversión prevista hasta 2030, una cifra que podría verse seriamente mermada si algunas compañías deciden trasladar sus proyectos a otros países como Francia o Portugal.
Una regulación polémica que amenaza con frenar la inversión
El texto propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica, en colaboración con el de Transformación Digital y Economía, impone condiciones que el sector considera excepcionales a nivel mundial. La más controvertida es la obligación de que el 80% del consumo eléctrico de cada centro de datos esté respaldado por nueva generación renovable con correspondencia horaria. Es decir, que cada megavatio consumido debe ser compensado con otro de origen verde generado en la misma hora, un requisito que, según los críticos, resulta casi imposible de cumplir técnicamente y encarece exponencialmente los proyectos.
Además, la norma establece que las plantas renovables utilizadas para este fin no pueden tener una antigüedad superior a 18 meses, lo que impide aprovechar los parques existentes. Para Emilio Díaz, presidente de SpainDC, esta condición “obliga a multiplicar por diez la capacidad que solicitamos a la red”, una desproporción que, en su opinión, “nos discrimina completamente del resto de la industria”. La patronal sostiene que la suma de todas las restricciones equivale a una prohibición de facto del sector, un veto que, de materializarse, tendría consecuencias devastadoras para la economía española.
Las primeras deserciones: 9.000 millones en el aire
El anuncio de que al menos tres compañías internacionales planean trasladar sus proyectos a otros países si el decreto se aprueba en sus términos actuales ha encendido todas las alarmas. Según SpainDC, la inversión conjunta de estos tres desarrollos asciende a unos 9.000 millones de euros hasta 2029, lo que representa casi el 15% de los 67.000 millones proyectados. Aunque la patronal prefiere no revelar la identidad de estos inversores por confidencialidad, su presidente advierte de que “son solo las primeras reacciones” y que el impacto podría ser mucho mayor: “estimamos que entre el 80% y el 90% de la inversión prevista, alrededor de 55.000 millones, se podría caer”.
El riesgo de deslocalización es especialmente acuciante en comunidades como Aragón, que se ha convertido en uno de los principales polos de atracción de estas infraestructuras en España. Su consejera de Economía, Eva Valle, ha sido muy clara al respecto: si el decreto sale adelante tal y como está planteado, “España estaría renunciando a cualquier nueva inversión en centros de datos”. La consejera señala que los proyectos en tramitación en su comunidad, que triplicarían la demanda eléctrica actual de la región, “no podrían cumplir con los requisitos” y alerta del peligro de que Francia o Portugal se beneficien de las inversiones que abandonen el país.
Amazon pide que no se apliquen reglas retroactivas
Una de las voces más autorizadas del sector, Amazon, ha decidido marcar posición sin cuestionar públicamente sus planes en España. El gigante estadounidense tiene sobre la mesa una inversión de 33.700 millones de euros hasta 2035, principalmente en Aragón, y reclama que los proyectos maduros con permisos concedidos y capital comprometido no se vean afectados por requisitos retroactivos. “No deberían enfrentarse a condiciones que no existían cuando se tomaron esas decisiones de inversión”, señalan fuentes oficiales de la compañía, que aboga por alinear la regulación española con los marcos emergentes de la Unión Europea.
La compañía defiende que ya ha igualado con renovables el 100% del consumo eléctrico de sus centros españoles hasta 2025, pero el problema reside en la correspondencia horaria y la adicionalidad exigidas. Según fuentes del sector, el gobierno busca evitar que la llegada masiva de estos centros dispare la factura eléctrica de los consumidores, un temor que se sustenta en ejemplos como el de Irlanda, donde se tuvo que imponer una moratoria para evitar apagones. Sin embargo, desde EspañaDC consideran que las previsiones gubernamentales de crecimiento de demanda (entre 12 y 15 GW) son “alarmistas” y que el sector solo alcanzará entre 2 y 2,5 GW en 2030, una cifra que supondría menos del 2% de la generación total.
El choque entre ministerios y comunidades
El decreto también ha evidenciado las fisuras internas dentro del propio Gobierno. Mientras el Ministerio de Transformación Digital, liderado por Óscar López, defiende la necesidad de impulsar el desarrollo tecnológico, Transición Ecológica, con Sara Aagesen al frente, prioriza la protección del consumidor y del medio ambiente. El hecho de que López sea candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde se concentran buena parte de los proyectos, añade un componente político a la ecuación. Las discrepancias también se dan dentro de Transición Ecológica entre las direcciones de Energía, que buscan instalar más renovables, y Medio Ambiente, que bloquea algunos desarrollos ante los recursos de los ecologistas.
A esta complejidad se suma el malestar de las comunidades autónomas, tanto gobernadas por el PP como por el PSOE. Madrid, Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha han presentado alegaciones en contra de un texto que consideran “restrictivo y de imposible cumplimiento”. García-Page, presidente castellanomanchego, ha llegado a anunciar que irá a los tribunales si la norma no se modifica. También las patronales energéticas como Endesa o Iberdrola han cargado contra el decreto, calificándolo de decisión “ideológica” que invita a la industria a instalarse en otros países. Todos coinciden en señalar que la falta de planificación de la red eléctrica es el verdadero problema, y que culpar a los centros de datos es una “cortina de humo” que solo agrava la inseguridad jurídica.
