- El 80% del consumo de los centros de datos deberá provenir de energía renovable, hora a hora.
- Cada megavatio consumido exigirá un megavatio nuevo de renovables instalado antes de su puesta en marcha.
- Se impondrá la máxima eficiencia energética e hídrica (categoría A) y estrictos requisitos de soberanía digital.
- Las empresas que ya tienen permisos tendrán un plazo de tres a seis meses para adaptarse o renunciar.
El Gobierno español ha movido ficha para regular la expansión de los centros de datos, un sector que vive un auténtico boom por la demanda de inteligencia artificial y servicios digitales. El Ejecutivo ha aprobado la tramitación por la vía de urgencia de un nuevo real decreto que fija requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de soberanía digital para estas infraestructuras. La normativa sale ahora a audiencia pública y, aunque ha sido recibida con cierta aprensión por una parte de la industria, las fuentes gubernamentales defienden que servirá para anticiparse a problemas futuros como la saturación del sistema eléctrico o el estrés hídrico.
La idea del Ejecutivo no es frenar la llegada de inversiones, sino todo lo contrario: se trata de que España pueda elegir los proyectos más beneficiosos y menos impactantes. En estos momentos, las peticiones de acceso a la red eléctrica para instalar centros de datos cuadruplican las previsiones de la Estrategia de Inteligencia Artificial, que situaba en 2,5 gigavatios (GW) la potencia de computación necesaria para 2030. Desde 2021 se han otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión, una cifra que ha hecho saltar las alarmas en el Ministerio para la Transición Ecológica y en otros departamentos implicados como Economía y Transformación Digital.
Un 80% de energía renovable y con adicionalidad obligatoria
El punto central del nuevo decreto es la exigencia de que al menos el 80% de la electricidad que consume un centro de datos provenga de fuentes renovables. Ese porcentaje se aplicará hora a hora, es decir, que en cada momento del día esa cuota debe estar respaldada por generación verde que se esté produciendo en ese mismo instante. Esto es lo que se conoce como correlación horaria o time matching, un concepto que se utiliza para evitar que un centro se llene de energía renovable a mediodía y luego funcione con gas o nuclear por la noche.
La propuesta añade un componente que llaman “adicionalidad”. Según explican las fuentes, cada megavatio nuevo que consuma la instalación deberá contar con otro megavatio nuevo de renovable construido específicamente para atender esa demanda, no servirán las plantas que ya estaban operando. Ese nuevo MW tendrá que estar operativo en los 18 meses anteriores al arranque del centro de datos, ya sea mediante autoconsumo o contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA). El Gobierno entiende así que se evita que los centros de datos se conviertan en un agujero negro que se quede con toda la capacidad renovable existente y no aporte nada extra al sistema.
Para los centros que ya han iniciado su tramitación, el plazo de adaptación será de seis meses, aunque baja a tres en los proyectos que estén a la espera de un concurso de acceso a la red. Si al final las nuevas reglas resultan inviables para algún promotor, la norma contempla una cláusula de salida: podrán renunciar a sus derechos de acceso y conexión sin que le ejecuten las garantías, lo que evita problemas judiciales.
Eficiencia A, huella hídrica y penalizaciones
No todo es energía. La regulación también eleva el nivel de exigencia en eficiencia energética e hídrica, porque estos edificios consumen una cantidad de agua enorme para refrigeración. La norma fija como obligatoria la máxima etiqueta europea, la categoría “A”, tanto para la eficiencia energética como para la hídrica. La UE está trabajando en un marco específico para centros de datos (la Cloud and AI Development Act), pero el Gobierno español quiere ir por delante y por lo tanto establece el nivel de ya para los proyectos que se conecten ahora.
Si un centro de datos no cumple estos estándares, las consecuencias van más allá de una simple multa. Se establecen penalizaciones crecientes sobre los peajes y cargos de electricidad que deben abonar a los operadores del sistema, de manera que el incumplimiento encarezca la factura. En última instancia, la reiteración podría llegar incluso a la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica, el peor escenario para una inversión de esas dimensiones.
Desde el punto de vista técnico, la norma se aplica a todos los centros de más de 1 megavatio de potencia eléctrica, que son aquellos con una mayor incidencia territorial y ambiental. Aunque el foco está en los nuevos desarrollos, la regulación alcanza también a los proyectos que ya tienen permisos de acceso, salvo los que ya estén operando en la fecha de entrada en vigor del decreto.
Soberanía digital: los datos de la UE no saldrán de Europa
El aspecto digital es una de las piedras angulares. El real decreto incorpora obligaciones de soberanía y resiliencia de la información: el operador del centro de datos deberá estar establecido en la Unión Europea y los datos, metadatos y registros de la operación deberán permanecer dentro del territorio comunitario. Con eso se quiere blindar los datos frente a accesos no autorizados desde terceros países, y se fija un control efectivo de las transferencias internacionales.
Para los centros que alojan información de las administraciones públicas o que puedan tener impacto en la seguridad nacional, la exigencia es aún mayor: tendrán que comprometerse formalmente a que esos datos no salen de la UE. También se tendrán en cuenta los criterios del nuevo Reglamento de Ciberseguridad europeo (Cybersecurity Act), que será la referencia para regular la entrada de ciertos proveedores tecnológicos externos, lo que incluye a los casos como Huawei. A esta regulación se suma el filtro de la declaración responsable ante el Ministerio de Transformación Digital, que verificará el cumplimiento de estos requisitos para reforzar la ciberseguridad en infraestructuras críticas.
Impacto sectorial y consulta pública
La reacción del sector no se ha hecho esperar. La Asociación Española de Data Centers (Spain DC) ha mostrado una posición prudente pero vigilante, porque ven con buenos ojos la apuesta por la sostenibilidad, pero alertan del riesgo de que España pierda el tren de las inversiones en el mercado digital europeo. Las empresas temen que los nuevos requisitos como el de la adicionalidad o la correlación horaria encarezcan la instalación y la pongan en desventaja con países con una regulación menos exigente.
De hecho, en las primeras reuniones de trabajo, Spain DC ha trasladado al Ministro para la Transformación Digital, Óscar López, la necesidad de que el marco sea “proporcionado”. Para evitar que el overreaching y el exceso de cargas se termine convirtiendo en un freno, la patronal avanza que presentará alegaciones al proyecto durante el trámite de audiencia pública. Aunque las fuentes del Ejecutivo insisten en que no se trata de una moratoria y que la regulación se ha trabajado de la mano de los agentes del sector, la realidad es que se abrió el calendario: el real decreto se explicará a las patronales del sector el mismo miércoles que salga publicada en el BOE, y luego se abrirán los informes de consulta.
Paralelamente, en los pasillos del Gobierno se repite que esta norma es una consecuencia directa del plan integral de respuesta a la Crisis de Oriente Medio (Real Decreto 7/2026), lo que ha acelerado su tramitación por la vía de urgencia. Y al mismo tiempo sirve para tomar nota de los errores cometidos en otros países como Irlanda, Singapur o Países Bajos, donde la llegada masiva de centros de datos provocó una fuerte presión sobre las redes eléctricas y el agua.
Al final, lo que se busca es la cuadratura del círculo: mantener el atractivo de España para que las tecnológicas escojan este lugar para sus servidores, pero garantizando que el coste energético y hídrico no revierta sobre el conjunto de la ciudadanía ni afecte la competitividad de la industria. El éxito o el fracaso de esta normativa se medirá en cómo respondan los inversores y en los próximos anuncios de nuevos centros. Por ahora, todos están con la vista puesta en el desarrollo de la audiencia pública y en las alegaciones del sector.