- Varios tribunales de Bilbao han dictado medidas cautelares para que no se computen los ceros en el examen de Lengua Vasca y Literatura II.
- La justicia sospecha que se rompió el anonimato de los alumnos y centros durante el proceso de corrección de las pruebas.
- La Universidad del País Vasco (EHU) ampliará el número de plazas para admitir a los afectados sin desplazar a otros estudiantes.
Menudo lío se ha montado en el sistema educativo vasco estas últimas semanas. Lo que empezó como una queja por calificaciones inusualmente bajas ha terminado con una intervención directa de los juzgados de Bilbao para poner orden en el proceso de matriculación universitaria. Decenas de familias, que no daban crédito a los ceros y las notas de apenas un punto en el examen de euskera, decidieron llevar el asunto por la vía de lo contencioso-administrativo, y parece que la justicia les ha dado un respiro importante justo cuando el tiempo se agotaba.
La decisión de los magistrados ha caído como un jarro de agua fría en el rectorado, ya que obliga a que estas notas queden en suspenso de manera cautelar para que los alumnos no pierdan su oportunidad de entrar en la carrera que quieren. La urgencia era máxima, puesto que los plazos de inscripción estaban a punto de expirar y, si se esperaba a un juicio ordinario, el daño para estos chavales habría sido totalmente irreparable. Ahora, la universidad tendrá que recalcular sus medias ignorando ese examen maldito que tanto revuelo ha levantado.
Dudas razonables sobre el anonimato en las correcciones
Uno de los puntos más espinosos de esta historia es que se ha puesto en entredicho la objetividad de los correctores. Según los autos judiciales, existen indicios de que se pudo quebrar el anonimato de los centros educativos durante la calificación. Todo apunta a que, aunque los nombres de los alumnos no aparecieran, los examinadores sabían perfectamente qué grupos de colegios —en su mayoría concertados y de modelo A— pertenecían a cada tribunal, lo que habría sesgado los resultados finales de forma injusta.
De hecho, se ha mencionado que el propio rector de la institución llegó a admitir en ciertos ámbitos que los tribunales tenían conocimiento de la procedencia del alumnado por grupos. Esta circunstancia choca frontalmente con la normativa estatal que regula la PAU, donde se especifica claramente que se debe garantizar el secreto del procedimiento en todo momento. Al existir esta sospecha de falta de neutralidad, los jueces han considerado que no queda otra que aplicar medidas de protección para los estudiantes que han recurrido de forma oficial.
Por si fuera poco, la disparidad de criterios entre tribunales ha sido de traca. Mientras que en algunas mesas las notas seguían la tónica habitual de otros años, en los tribunales señalados se concentró un porcentaje de suspensos y ceros que no tiene ninguna explicación lógica para alumnos que llevan años estudiando la materia. Esta situación ha generado una frustración enorme entre los jóvenes, que sienten que su esfuerzo de todo el Bachillerato se ha ido al traste por una corrección que tachan de arbitraria.
La respuesta de la universidad y el encaje legal
Desde la EHU no se han quedado de brazos cruzados y ya han anunciado que van a presentar batalla legal contra estas medidas. Argumentan que dejar de contar una asignatura obligatoria vulnera el principio de igualdad de oportunidades respecto al resto de miles de alumnos que sí han aprobado o que, aun habiendo sacado mala nota, no han acudido a los juzgados. Para la universidad pública, saltarse el decreto que obliga a computar el euskera en la fase de acceso es un dilema jurídico sin precedentes en España.
Sin embargo, tras una reunión de urgencia con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, se ha llegado a una solución salomónica para evitar que nadie salga perjudicado. La institución ha acordado ampliar las plazas de forma extraordinaria en aquellas facultades donde sea necesario. De esta manera, se garantiza que los alumnos que han obtenido el amparo judicial puedan matricularse sin quitarle el sitio a quienes ya estaban admitidos por el procedimiento ordinario, evitando así un conflicto directo entre estudiantes.
Esta medida, aunque costosa y compleja de organizar, busca rebajar la tensión social y política que se ha generado en el territorio. Se trata de una solución provisional, ya que el proceso judicial sigue su curso y, si al final la sentencia definitiva no les da la razón, estos alumnos podrían llegar a perder su plaza en el futuro. Es un riesgo que las familias han aceptado con tal de no verse fuera del sistema universitario este curso, esperando que la investigación a fondo aclare qué pasó realmente en esos tribunales.
El impacto en el alumnado y la convocatoria extraordinaria
Mientras los abogados e instituciones se pelean por los papeles, la realidad a pie de aula es que hay más de 2.000 alumnos presentándose a la convocatoria extraordinaria estos días. Muchos de ellos están ahí precisamente para intentar subir la nota que les hundió el examen de Lengua Vasca, a pesar de que algunos cuentan incluso con títulos de nivel C1 que acreditan su dominio del idioma. Es paradójico que estudiantes que hablan euskera habitualmente en casa se hayan encontrado con notas que les califican como no aptos.
Los testimonios de los afectados reflejan un sentimiento de indefensión total, asegurando que el sistema de revisiones ordinario no ha servido de nada porque la universidad se cerró en banda inicialmente. Ha tenido que ser el despacho de abogados de Iñaki Picaza el que consiguiera mover la balanza hacia el lado de los estudiantes, logrando unos autos judiciales que suponen una pequeña victoria moral en un año especialmente duro para los que se han enfrentado a este nuevo modelo de examen.
Para muchos docentes, este episodio debe servir para repensar cómo se evalúan las competencias lingüísticas en una prueba que decide el futuro profesional de tanta gente. La polémica ha servido para poner sobre la mesa la necesidad de unos protocolos de corrección más transparentes y blindados ante cualquier sospecha de sesgo ideológico o de centro. Al fin y al cabo, lo que está en juego es la confianza en un sistema que debe garantizar que todos los jóvenes compitan en igualdad de condiciones.
Este laberinto legal y educativo que ha puesto en jaque a la EHU parece que tardará en resolverse de forma definitiva, pero la ampliación de plazas y las medidas cautelares han servido para calmar las aguas de momento. La resolución final sobre el fondo del asunto marcará un antes y un después en cómo se organizan los tribunales correctores en adelante, asegurando que el anonimato sea real y no un simple trámite sobre el papel. Por ahora, los afectados podrán empezar sus clases con la esperanza de que la justicia valide sus reclamaciones y se reconozca que algo falló en aquellas correcciones de junio.