- La COP17 sobre biodiversidad urge a redirigir fondos hacia actividades que protejan la naturaleza.
- Exposiciones y proyectos científicos en Almería y Baleares acercan el valor de ecosistemas marinos.
- El pecio del Ivy en Rías Baixas enfrenta a la extracción de hierro con la conservación de un arrecife natural.
- España combina investigación, divulgación y movilización ciudadana para salvaguardar su biodiversidad marina.
La biodiversidad marina se ha convertido en uno de los ejes centrales de la agenda ambiental en España y Europa. Mientras la comunidad internacional se prepara para la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Ereván (Armenia), prevista para finales de octubre, en el país se multiplican las iniciativas para conocer, proteger y divulgar la riqueza de los ecosistemas costeros. La urgencia es doble: frenar la pérdida de especies y adaptar las actividades humanas a los límites naturales.
En este contexto, tres frentes ejemplifican el pulso entre conservación y desarrollo: una exposición científica en Almería que acerca al público el fondo marino del Seco de los Olivos, un conflicto en las Rías Baixas por desguazar un barco hundido que se ha convertido en refugio de vida, y una campaña de financiación colectiva en Baleares para mantener la investigación de aves y reptiles en Sa Dragonera. Todas comparten un mismo diagnóstico: los ecosistemas marinos necesitan atención y recursos sostenidos para que sigan prestando servicios esenciales.
Rumbo a Ereván: la financiación, el gran escollo
La secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Astrid Schomaker, fue tajante tras el Diálogo de Kunming, celebrado en septiembre: existe suficiente dinero en la economía mundial para proteger la naturaleza, pero la mayor parte sigue fluyendo hacia actividades que la destruyen, como subvenciones agrícolas dañinas o combustibles fósiles. Su advertencia llega a solo cuatro años del plazo fijado para cumplir los 23 objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, incluida la meta 30×30 que busca proteger al menos el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para 2030.
El primer balance global, cuyos resultados preliminares se presentaron en Kunming, muestra que aunque más del 70% de los países han entregado sus planes nacionales, la aplicación es aún desigual y lenta. En declaraciones a la agencia IPS, Schomaker subrayó que la brecha no es tanto de falta de fondos sino de orientación de los flujos financieros. De cara a la COP17, los gobiernos deberán reformar incentivos perjudiciales y asegurar que los ministerios de Economía, Agricultura o Infraestructuras integren la biodiversidad en sus decisiones.
Almería: un escaparate del Mar de Alborán
Mientras tanto, en el Pabellón de Historia Natural de la Universidad de Almería (UAL), una nueva exposición temporal pone rostro a la biodiversidad marina local. La muestra, abierta desde el 19 de septiembre, exhibe esqueletos de delfines, una foca y restos de un zifio de Cuvier, además de contenidos divulgativos sobre el espacio protegido Sur de Almería-Seco de los Olivos. Esta área, declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC), abarca más de 2.800 kilómetros cuadrados y alberga una montaña submarina conocida como Seco de los Olivos o banco de Chella, cuya cima se encuentra a 80 metros de profundidad.
El proyecto detrás de la exposición, impulsado por el Centro de Colecciones Científicas de la UAL (CECOUAL), busca «acercar a la ciudadanía la riqueza natural» de este enclave y concienciar sobre el vínculo entre biodiversidad marina y pesca local. La investigación, cofinanciada por el FEMPA y la Junta de Andalucía, subraya que conservar estos ecosistemas es proteger el futuro de los mares y de las comunidades que dependen de ellos. La exposición se suma a las permanentes del Pabellón y convierte el campus en un espacio de divulgación científica para todos los públicos.
Rías Baixas: el dilema del pecio Ivy
Otro frente relevante se libra bajo las aguas del entorno de las islas Estelas, en las Rías Baixas. Allí, el carguero liberiano Ivy se hundió en 1976 con 30.000 toneladas de mineral de hierro, y medio siglo después su casco se ha transformado en un arrecife artificial repleto de vida. Pulpos, nécoras, lubinas, congrios y algas amenazadas como las laminarias utilizan las estructuras como refugio y zona de cría, según han constatado cofradías de pesca, centros de buceo, investigadores de la Universidad de Vigo y cooperativas de educación ambiental. La zona forma parte de la Red Natura 2000 como ZEC y está integrada en una ZEPA desde 2023.
Sin embargo, un proyecto para desguazar el barco y recuperar el mineral de hierro ha puesto sobre la mesa un conflicto de intereses. La extracción destruiría el hábitat y removería sedimentos estabilizados. El valor ecológico de este arrecife, que tardaría décadas en reconstruirse solo si se destruyera, choca con el beneficio privado de la operación. El Ministerio de Defensa, competente por un real decreto de 2020 para autorizar extracciones de pecios, deberá decidir si prioriza la naturaleza o los intereses económicos. Mientras, colectivos ecologistas y pesqueros defienden que la biodiversidad no puede valorarse solo en una cuenta de resultados.
Sa Dragonera: la ciencia necesita apoyo continuado
En las Islas Baleares, la lucha por financiar la investigación a largo plazo también ha saltado a la esfera pública. El grupo de Ecología y Demografía Animal (GEDA) del IMEDEA (CSIC-UIB) ha lanzado una campaña de micromecenazgo para mantener los seguimientos de aves y reptiles en el Parque Natural de Sa Dragonera. Esta isla, aislada y con especies endémicas, es un laboratorio natural para estudiar la pardela balear, el halcón de Eleonora o la lagartija balear. Los investigadores utilizan GPS para rastrear los movimientos de las aves y realizan censos continuados que permiten detectar cambios relacionados con el clima o la actividad humana.
La campaña, canalizada a través de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, busca evitar que la falta de recursos interrumpa las series históricas de datos. Como explica el proyecto, la continuidad en la observación es clave para entender las respuestas de las especies a los cambios ambientales. Además, se instalarán paneles en el centro de visitantes con códigos QR para que los ciudadanos puedan contribuir directamente. Esta iniciativa muestra cómo la ciencia colaborativa puede ser una herramienta complementaria a las grandes políticas.
Un futuro tejido a varias escalas
La combinación de grandes cumbres globales, proyectos universitarios, conflictos locales y campañas ciudadanas dibuja un panorama complejo pero esperanzador. La biodiversidad marina no es solo un concepto abstracto: se traduce en arrecifes generados por barcos hundidos, montañas submarinas protegidas e islas que sirven de refugio a especies en peligro. Cada uno de estos casos exige herramientas distintas, desde fondos internacionales hasta decisiones administrativas o financiación colectiva.
En España, la presión sobre los ecosistemas costeros es alta, pero la respuesta social también lo es. La divulgación científica y la participación ciudadana se están convirtiendo en engranajes vitales para que la conservación no quede solo en los papeles. La exposición de Almería, el debate en las Rías Baixas y el micromecenazgo en Sa Dragonera son ejemplos de que la protección de la naturaleza requiere tanto conocimiento riguroso como voluntad de actuar. A largo plazo, la clave estará en que las decisiones políticas se alineen con lo que la ciencia ya ha demostrado: conservar la biodiversidad es invertir en el bienestar y la pesca del futuro.
Así, mientras la COP17 intenta cerrar las brechas entre compromisos y acciones, el ámbito local muestra que la transformación es posible cuando existe coordinación entre administraciones, investigadores y ciudadanía. El futuro de los ecosistemas marinos dependerá de que la financiación deje de ser el eslabón perdido y la protección deje de considerarse un gasto. Solo así se podrá garantizar la resiliencia de los mares para las próximas generaciones.