- La mortalidad asociada al calor se ha disparado en España y Europa, con incrementos de hasta el 563,5% en Castelló.
- El 79% de los españoles respalda un Pacto de Estado para responder a las emergencias climáticas.
- Europa reconoce que no está preparada para los impactos y financia proyectos de adaptación sanitaria.
- Navarra acoge una Semana del Clima para movilizar a la ciudadanía y a las entidades locales.

El cambio climático ya no es una amenaza lejana, sino una realidad que se manifiesta cada verano con más intensidad. Los termómetros no dejan de batir récords, las olas de calor son más frecuentes y las ciudades españolas y europeas empiezan a notar en su salud y en su economía los efectos de un fenómeno que avanza mucho más rápido de lo que se preveía. La última década ha traído un aumento exponencial de las muertes atribuibles al calor, junto a una creciente conciencia social sobre la necesidad de actuar de forma coordinada.
En este contexto, los datos y los informes se acumulan, pero la sensación de urgencia no termina de traducirse en medidas suficientes. Europa, pese a ser uno de los continentes más ricos y con mayor compromiso climático, admite que no está preparada para gestionar los daños que ya están aquí: vidas perdidas, infraestructuras desbordadas y un modelo económico que empieza a resentirse. La ciudadanía, por su parte, exige respuestas políticas contundentes.
La mortalidad por calor se dispara en las ciudades
Los datos del último informe de The Lancet Countdown, que analiza la relación entre salud y cambio climático en Europa, son contundentes: la mortalidad asociada al calor aumentó un 160,6% en el continente desde finales del siglo XX hasta la década 2015-2024. En España, ese incremento se sitúa en un 95,4% para las ciudades, pero algunos casos son especialmente llamativos, como Castelló de la Plana, donde las muertes por calor se han multiplicado al pasar de 25,7 a 168,1 por millón de habitantes, es decir, un 563,5% más.
El fenómeno de la isla de calor urbana, que hace que las temperaturas en las ciudades sean notablemente superiores a las de las zonas rurales cercanas, explica buena parte de esta escalada. Granada llegó a registrar 300 días entre 2003 y 2020 en los que la temperatura urbana superó en 1,5 ºC a la rural, según el mismo informe. La falta de espacios verdes y una cobertura arbórea media de solo el 13,2% en las ciudades españolas agravan la situación, mientras que organismos internacionales recomiendan alcanzar al menos el 30%.
El calor extremo no solo afecta a personas mayores o enfermas; los grupos más vulnerables, como los menores de 15 años y los mayores de 65, representan aproximadamente un tercio de la población urbana española. Y la tendencia apunta a que la frecuencia de olas de calor seguirá aumentando, lo que obliga a repensar por completo el diseño de las urbes.

Una ciudadanía que pide pactos y soluciones
La sociedad española parece haber entendido la magnitud del problema. Según el Barómetro del CIS de septiembre, el 79% de la población considera necesario un Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas para afrontar las emergencias derivadas del cambio climático. Solo un 7,5% cree que no hace falta un acuerdo de este tipo, y un 9,5% lo condiciona a cómo evolucione la situación.
La preocupación no se queda en las encuestas. El 78,2% de los encuestados dice estar muy preocupado por los incendios de este verano, un dato que refleja cómo los eventos extremos ya golpean de forma directa. La inquietud por el cambio climático en general alcanza al 80,8% de la población, con un 49% que dice estar mucho preocupado y un 31,8% bastante.
Esta demanda social se materializa en iniciativas como la II Semana del Clima de Navarra, que se celebrará entre el 16 y el 25 de octubre bajo el lema “Porque cada acción cuenta. Y todas suman”. El programa incluye 44 actividades propuestas por 26 entidades, desde torneos de debate en el Parlamento foral hasta proyecciones de documentales, encuentros de comunidades energéticas o coloquios sobre desinformación climática. La jornada del Pacto de Alcaldías, prevista para el 23 de octubre, reunirá a entidades locales para compartir buenas prácticas.
Europa, sin tiempo y con proyectos para adaptarse
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha sido tajante al afirmar que Europa, pese a liderar la acción climática mundial, todavía no está preparada para gestionar los efectos de un calentamiento que avanza más rápido de lo imaginado. En un desayuno informativo, Ribera insistió en que la adaptación debe abordarse “cuanto antes, más intensamente y con mayor seriedad”, e instó a incorporar los nuevos escenarios de riesgo en todas las políticas europeas.
El ritmo actual del calentamiento global, según la ONU, se sitúa ya en torno a 1,3 grados por encima de los niveles preindustriales, con una trayectoria que podría llevar a un aumento de entre 2,6 y 2,8 grados si no se aceleran las reducciones de emisiones. “Si con lo que hemos vivido hasta ahora, con 1,3 grados, ya estamos sufriendo, si seguimos esta ruta hablamos de un colapso”, advierte el jefe de gabinete de la Secretaría de la ONU para el Cambio Climático, Gustau Máñez Gomis.
Para hacer frente a este escenario, la Unión Europea ha puesto en marcha iniciativas como el proyecto TRIGGER, que busca predecir el estrés térmico con una semana de antelación, o el proyecto COMPASS, orientado a comprender cómo se encadenan los fenómenos extremos. La vigilancia de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue o el virus del Nilo Occidental, también se ha reforzado gracias a fondos europeos, ya que el calor acelera la expansión de los vectores. En total, la UE destina millones de euros a proyectos de salud climática bajo el enfoque ‘One Health’.

La adaptación, una tarea común
El consenso científico y político es casi unánime: la adaptación al cambio climático debe ser una prioridad en todas las agendas. El Comité Europeo de Seguridad Sanitaria ha reclamado una mayor coordinación y vigilancia con un enfoque ‘One Health’, y las ciudades de Riga y Turín ya están probando drones conectados a redes 5G para mejorar las respuestas a emergencias climáticas.
En paralelo, la reducción de emisiones está dando algunos resultados. Las emisiones de gases de efecto invernadero en España bajaron un 17,2% entre 2000 y 2024, aunque las del sector energético aumentaron en ese mismo porcentaje. La mortalidad atribuible a las partículas finas PM2,5 procedentes de la generación eléctrica ha caído un 93,9% desde 2000, lo que demuestra que la transición energética tiene beneficios directos para la salud.
Más allá de los datos, la responsabilidad compartida es clave. Los países con mayores recursos tienen una obligación especial de apoyar a los más vulnerables, no solo por solidaridad, sino porque la cooperación también previene catástrofes y migraciones forzadas. En palabras del representante de la ONU, lo que está en juego no es solo un ecosistema o unos números, sino el planeta y la vida humana tal como la conocemos.

Las cifras, los informes y las declaraciones apuntan en la misma dirección: el cambio climático es una emergencia presente que exige respuestas inmediatas y coordinadas. España y Europa se enfrentan a un aumento de las muertes por calor, a la presión de la ciudadanía para alcanzar pactos políticos y a la necesidad de adaptar sus infraestructuras y sistemas de salud.
Iniciativas como la Semana del Clima de Navarra o los proyectos europeos de vigilancia sanitaria muestran que el camino existe, pero la velocidad sigue siendo insuficiente. La evidencia es contundente y el margen para la inacción se agota. Queda claro que la única salida es una acción climática más ambiciosa, que implique a todos los sectores y que no deje a nadie atrás.

