- El Gobierno traslada a 1.700 migrantes al puerto de Ceuta en un operativo con momentos de tensión.
- La Audiencia Nacional desbloquea el campamento, mientras la UE anuncia un marco de emergencia.
- El comisario Brunner advierte de que estas imágenes alimentan a la extrema derecha europea.
- Quedan unos 10.000 migrantes en la ciudad, incluidos más de 2.000 menores.

La crisis migratoria desatada en Ceuta a finales de julio no da tregua. Mientras la ciudad intenta recuperar la normalidad, el Gobierno ha puesto en marcha un macrooperativo para desmantelar los asentamientos improvisados en las playas y concentrar a los migrantes en un nuevo centro de acogida en el puerto. La medida, sin embargo, ha vuelto a destapar las profundas fisuras políticas y sociales que atraviesa la zona.
El traslado, que se llevó a cabo el pasado viernes, se saldó con la reubicación de unas 1.700 personas en el muelle de Poniente, aunque no estuvo exento de tensión. Las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir para contener a varios grupos que intentaron acceder a la carrera, y hasta se escucharon disparos al aire. A pesar de todo, el Ejecutivo asegura que el operativo transcurrió «con normalidad», una versión que choca con las imágenes difundidas por los medios.
Un campamento en el puerto que divide a la ciudad
La decisión de habilitar este campamento, con capacidad para cerca de 2.000 plazas, ha sido uno de los episodios más polémicos. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) intentó paralizarlo alegando su ubicación junto a infraestructuras críticas como el almacén de combustible, pero la Audiencia Nacional dio luz verde al considerar que no había riesgo. Este revés jurídico ha dejado en evidencia la falta de consenso entre administraciones, ya que el Gobierno central asume el control del puerto de Ceuta para gestionar la acogida.
Mientras tanto, los sindicatos policiales denuncian que el dispositivo se ha improvisado, sin los medios suficientes para garantizar la seguridad de los agentes y de los propios migrantes. JUPOL, por ejemplo, habla de «descoordinación» y de un número insuficiente de efectivos, una queja que se ha repetido a lo largo de toda la crisis.
La mirada de Europa: entre la solidaridad y el miedo al auge ultra

La crisis de Ceuta ha trascendido las fronteras españolas y ha llegado a Bruselas. El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha lanzado un aviso inquietante: las imágenes de los migrantes entrando en la ciudad autónoma están alimentando el apoyo a los partidos de extrema derecha en toda Europa. En una entrevista, reconoció que, pese a la caída de las llegadas irregulares, la crisis de Ceuta reabre el debate sobre la inmigración ilegal.
En la misma línea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado un nuevo Marco Europeo de Respuesta de Emergencia para hacer frente a crisis como la de Ceuta, que permitirá flexibilizar los procedimientos de expulsión. «Ceuta es España y es Europa«, sentenció durante su discurso del Estado de la Unión. Un respaldo que, sin embargo, no ha calmado los ánimos de quienes ven una respuesta tardía.
La gestión humanitaria y los menores, el gran desafío
Más allá de la política, la situación humanitaria sigue siendo crítica. Según el Ministerio de Juventud e Infancia, hay más de 2.000 menores no acompañados que siguen en Ceuta, y solo se ha logrado filiar a una parte. La ministra Sira Rego ha insitido en que el traslado a la península es «la única fórmula» para aliviar la presión, y ha criticado la negativa de varias comunidades gobernadas por el PP a acogerlos.
La ONG Engloba ha ofrecido plazas para 500 niños en Andalucía, pero el acuerdo sigue estancado por la falta de voluntad política. Mientras, los incidentes se multiplican: agresiones, robos y hasta un niño de 8 años herido por perdigones. La Fiscalía ha abierto más de 30 procedimientos por agresiones sexuales a mujeres migrantes, un dato que refleja la vulnerabilidad extrema de los colectivos más frágiles.
En el plano administrativo, solo se han iniciado unos 1.800 expedientes de devolución de adultos, un ritmo que muchos consideran demasiado lento. El ministro Ángel Víctor Torres pide paciencia, pero los ceutíes, hartos, ya han convocado huelgas y protestas para que Ceuta intente recuperar la normalidad lo antes posible.

En definitiva, Ceuta sigue siendo un polvorín. La falta de acuerdos entre el Gobierno central y el autonómico, la incertidumbre jurídica y la pasividad europea han convertido una crisis humanitaria en un problema político de primera magnitud. Y mientras tanto, miles de personas siguen esperando una respuesta que no llega.


