- El Congreso rechaza los decretos-leyes del Gobierno para paliar la crisis de la vivienda.
- El desahucio de Maricarmen, una jubilada de 87 años, desata una ola de protestas en todo el país.
- Los precios de compraventa y alquiler alcanzan máximos históricos, con un sobreesfuerzo récord para los hogares.
- La juventud retrasa su emancipación hasta los 30,2 años y el parque de vivienda pública sigue siendo insuficiente.
La vivienda se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para millones de españoles. Los precios no dejan de subir, encontrar un alquiler asequible es casi una quimera y las administraciones parecen no dar con la tecla para atajar un problema que ya figura como la mayor preocupación ciudadana, según los barómetros del CIS. El desahucio de una anciana de 87 años en Madrid ha terminado de encender la mecha.
El Congreso de los Diputados rechazó hace apenas unos días los dos reales decretos-leyes que el Gobierno había aprobado con urgencia para intentar paliar la situación. La votación se saldó con un ajustado 178 a 172 en contra del primero y un 184 a 166 en contra del segundo, dejando en el aire medidas como la suspensión de desahucios para personas vulnerables o la renovación automática de contratos de alquiler. El asunto promete seguir dando que hablar.
El desalojo que removió conciencias
La imagen de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años, siendo sacada en camilla por agentes de policía de su domicilio en el barrio madrileño de Retiro dio la vuelta a España. El caso de Maricarmen y el desahucio impulsado por el fondo propietario Urbagestión, desató una ola de protestas en numerosas ciudades. Finalmente logró un acuerdo para regresar a su casa, pero el daño ya estaba hecho: su caso se ha convertido en el símbolo de una crisis que afecta a cientos de miles de personas.
Las manifestaciones no se hicieron esperar. Miles de personas se concentraron a las puertas del Congreso mientras se debatían los decretos, y colectivos como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid mantienen una acampada indefinida en la Puerta del Sol. Al grito de «vergüenza» y con llamamientos a la huelga general, los convocantes exigen soluciones reales y critican la complicidad de la clase política con los grandes tenedores de vivienda.
Precios al alza y hogares ahogados
Los datos oficiales no dejan lugar a dudas. El precio de la vivienda en España cerró 2025 con una subida del 12,9% interanual, según el Instituto Nacional de Estadística. La vivienda nueva se encareció un 11,2% y la de segunda mano un 13,1%. El Consejo General del Notariado sitúa el precio medio de compraventa en 1.902 euros por metro cuadrado, superando el máximo de 1.832 euros registrado en 2007, antes del estallido de la burbuja.
El alquiler no se queda atrás. Los nuevos contratos firmados en 2024 experimentaron un incremento del 8,8%, frente al 2,8% de los que ya estaban vigentes, de acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda en Alquiler del INE. El sobreesfuerzo para pagar la renta afecta a 6,8 millones de personas, el 14,1% de la población española, según la Encuesta FOESSA. El dato más llamativo: el 20% de los hogares con menos ingresos destina más del 70% de su renta al pago del alquiler.
Desahucios, vivienda vacía y parque público insuficiente
Durante 2025 se practicaron 18.317 lanzamientos por impago del alquiler y 4.346 por ejecuciones hipotecarias, lo que suma un total de 24.540 desalojos, según el Consejo General del Poder Judicial. Aunque la cifra ha descendido desde los 39.096 casos de 2021, los expertos advierten de que la estadística esconde una realidad más cruda: los inquilinos que consiguen alquilar son cada vez más ricos, mientras los inmigrantes, los jóvenes y las familias monoparentales quedan directamente excluidos del mercado.
Mientras tanto, España cuenta con 3.837.328 viviendas vacías, según el último Censo de Población y Viviendas del INE. La paradoja es evidente: sobran casas en municipios pequeños donde nadie quiere vivir y faltan en las grandes ciudades. El parque de vivienda pública apenas alcanza las 318.000 unidades, lo que da cobertura al 1,7% de los hogares, muy lejos del 9% de media en la Unión Europea. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 reconoce que el alquiler social solo llega al 3,5% de las familias.
La juventud, la gran damnificada
Emanciparse se ha convertido en una misión imposible para los jóvenes españoles. La edad media de abandono del hogar familiar alcanzó los 30,2 años en 2025, frente a los 26,3 años de la media europea, según Eurostat. El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España sitúa la tasa de emancipación en el 14,5%, el mínimo histórico desde que existen registros. Una persona joven asalariada tendría que dedicar el 98,7% de su sueldo neto al alquiler si quisiera vivir sola.
El 47,3% de los españoles de 26 a 34 años que siguen viviendo con sus padres alegan que no pueden permitirse ni comprar ni alquilar una vivienda, según el INE. La proporción de compradores de 18 a 35 años ha caído casi 20 puntos entre 2007 y 2025, hasta representar el 22,4% de las adquisiciones. La crisis de la vivienda está hipotecando el futuro de toda una generación.
Turismo, fondos de inversión y falta de oferta
El turismo ejerce una presión adicional sobre el mercado residencial. España recibió 96,8 millones de visitantes internacionales en 2025, un 3,2% más que el año anterior, lo que la convierte en el segundo país más visitado del mundo. Las viviendas de uso turístico representaban de media el 10,8% del conjunto del alquiler residencial y turístico, pero en zonas como Málaga alcanzaban el 28,9%, y superaban el 40% en los centros turísticos de Málaga y Sevilla, según el Banco de España.
El papel de los fondos de inversión genera división entre los expertos. Mientras el Sindicato de Inquilinas sostiene que su irrupción ha calentado el mercado mediante grandes compras y reventas sin mejoras, el economista José García Montalvo resta importancia a su impacto: «Los fondos buitre tienen una proporción minúscula, en torno al 5%. Su papel en el mercado es ninguno». La mayoría de las viviendas en alquiler pertenecen a pequeños propietarios, alrededor de 2,4 millones de españoles, según el Observatorio del Alquiler.
Un problema estructural que viene de lejos
La crisis actual no es fruto de la casualidad. Entre 1997 y 2007, España llegó a construir cinco millones de viviendas, el doble de las que demandaba el mercado. Cuando estalló la burbuja, el sector quedó diezmado: se pasó de levantar casi 14 viviendas por cada 1.000 habitantes a apenas dos, mientras en el resto de Europa se construyen cuatro. El resultado es un déficit habitacional de 750.000 viviendas, que el Banco de España calcula que podría superar el millón en 2028 si no se toman medidas.
La inmigración ha añadido presión a la demanda. Desde 2021 se crean un cuarto de millón de hogares netos cada año, la mayoría por la llegada de personas procedentes de Colombia y Venezuela, según el economista Jorge Galindo. «Si en la época de la burbuja construíamos el doble de viviendas que de hogares, hoy edificamos una tercera parte», explica. La combinación de oferta insuficiente y demanda creciente explica el alza imparable de los precios.
Los expertos reclaman soluciones estructurales y un pacto de Estado que trascienda los ciclos políticos. Agilizar los trámites urbanísticos, movilizar el suelo disponible y aumentar la construcción de vivienda protegida figuran entre las recetas más repetidas. El Banco de España calcula que el suelo urbanizable permitiría edificar hasta 7 millones de viviendas potenciales en toda España, 1,1 millones en las seis grandes áreas urbanas. También se propone digitalizar las licencias, impulsar la construcción industrializada y adaptar las normas para facilitar viviendas prefabricadas.
El acceso a un techo digno se ha convertido en el principal problema del país, según el CIS, mencionado por el 37,5% de los encuestados. Con los precios en máximos históricos, los desahucios repuntando tras la caída del escudo social y un parque público que no llega ni al 2% de los hogares, la crisis de la vivienda se presenta como un rompecabezas de difícil solución. El rechazo parlamentario a los decretos del Gobierno y la movilización ciudadana evidencian que el debate está más vivo que nunca. La pelota está ahora en el tejado de los grupos políticos, que deberán decidir si priorizan acuerdos o si, por el contrario, el bloqueo se prolonga mientras miles de familias siguen esperando una respuesta.