- La Ley 7/2023 entró en vigor en septiembre de 2023 y establece un régimen de prohibiciones y obligaciones para los titulares de animales de compañía.
- Los gatos deben esterilizarse antes de los seis meses de vida, salvo que estén registrados como reproductores.
- Las multas por incumplimiento van desde los 500 euros hasta los 200.000 euros, según la gravedad de la infracción.
- Los perros de caza quedan excluidos del ámbito de aplicación de la norma, como ha confirmado una reciente sentencia.
La Ley 7/2023, conocida popularmente como Ley de Bienestar animal, se publicó en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2023 y entró en vigor seis meses después, en septiembre de ese mismo año. Esta norma, impulsada por la entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, marcó un antes y un después en la forma de entender la relación entre las personas y los animales de compañía en España. Su objetivo principal es garantizar el reconocimiento, el respeto y la protección de los animales como seres sintientes, algo que ha obligado a los ciudadanos a adaptar sus hábitos diarios.
Sin embargo, tres años después de su aprobación, el desarrollo reglamentario de la ley sigue sin completarse y algunos de sus aspectos más relevantes, como la gestión de las colonias felinas, aún no se aplican de forma homogénea en todos los municipios. Las asociaciones y protectoras han denunciado en repetidas ocasiones que muchos ayuntamientos no cumplen con las obligaciones que la norma les impone, mientras que los voluntarios continúan asumiendo gran parte del trabajo y los gastos que corresponderían a las administraciones públicas.
Prohibiciones generales del artículo 25
El artículo 25 de la Ley de Bienestar animal recoge un amplio catálogo de conductas totalmente prohibidas respecto a los animales de compañía y silvestres en cautividad. Entre ellas destacan el maltrato físico, la agresión, el trato negligente y cualquier práctica que pueda causarles sufrimiento o daños psicológicos. También se prohíbe el uso de métodos invasivos que provoquen dolor, el abandono en espacios cerrados o abiertos, y la utilización de animales en espectáculos públicos, actividades turísticas o publicitarias. La norma especifica que queda vetado su uso en atracciones mecánicas, carruseles de feria y circos cuando se trate de fauna silvestre.
Además, la ley prohíbe dejar animales sueltos o en condiciones de causar daños en lugares públicos o privados de acceso público, especialmente en parques nacionales, cañadas y espacios naturales protegidos. También se impide el uso de animales como reclamo publicitario, como premio o recompensa, y someterlos a trabajos inadecuados o excesivos en tiempo o intensidad. Otra de las cuestiones más llamativas es la prohibición de utilizar artilugios destinados a limitar su movilidad en un punto fijo, salvo prescripción veterinaria. El incumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones económicas que varían en función de la gravedad de la falta.
Prohibido atar al perro sin supervisión
Una de las prácticas más habituales que la ley ha querido erradicar es la de atar al perro a una farola, una barandilla o cualquier elemento de la vía pública mientras el dueño realiza sus gestiones. El artículo 27 establece que queda prohibido mantener a los animales atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial de la persona responsable. Esta restricción no distingue entre dejar al animal atado durante unos minutos o durante horas: en cualquier caso, se considera una infracción.
La normativa exige que la supervisión sea directa y continua, es decir, el propietario debe estar presente y en condiciones de controlar la situación en todo momento. Si el animal queda solo en la calle, aunque sea por un corto periodo de tiempo, la acción puede ser sancionada con multas de entre 500 y 10.000 euros. En caso de que el animal sufra daños durante ese tiempo, como golpes de calor, lesiones o estrés, la sanción puede agravarse considerablemente. Los expertos recomiendan acudir a establecimientos que permitan la entrada de mascotas o realizar las compras sin el animal para evitar cualquier tipo de riesgo.
Control de la reproducción: una obligación de todos los titulares
La llegada inesperada de una camada ya no puede considerarse un simple accidente. La Ley de Bienestar animal obliga a los responsables de mascotas a adoptar medidas para impedir que sus animales se reproduzcan sin control. El artículo 26 establece que los titulares deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los animales de compañía, y añade que la cría únicamente podrá realizarse por personas inscritas como criadoras en el registro correspondiente.
Esto no significa que todos los perros deban esterilizarse obligatoriamente, pero sí que el responsable debe garantizar que no se produzca un apareamiento accidental. En el caso de convivir con un macho y una hembra sin esterilizar, el control durante el celo debe ser efectivo y real, no bastará con una vigilancia ocasional. Si finalmente se produce una camada no planificada, el propietario debe inscribirse en el Registro de Criadores en la categoría de criador puntual u ocasional, identificar a los cachorros mediante microchip antes de las ocho semanas de vida y formalizar la cesión gratuita mediante un contrato escrito. La venta de animales entre particulares está totalmente vetada y puede dar lugar a sanciones de entre 10.001 y 50.000 euros.
Gatos: esterilización obligatoria antes de los seis meses
La situación de los gatos es diferente y más estricta. La ley obliga a esterilizar quirúrgicamente a todos los gatos antes de que cumplan seis meses de edad, salvo que estén inscritos como reproductores en el Registro de Animales de Compañía y vinculados a una persona dada de alta en el Registro de Criadores. Esta obligación se aplica tanto a los gatos con acceso al exterior como a los que viven exclusivamente en el interior del hogar, y su incumplimiento se considera una infracción leve con multas de hasta 10.000 euros.
La norma presta especial atención a los denominados gatos merodeadores, aquellos que salen del domicilio sin supervisión. Los ayuntamientos deben establecer mecanismos para controlar y sancionar a quienes no los tengan correctamente identificados y esterilizados. Para la gestión de las colonias felinas, la ley establece el método CER (captura, esterilización y retorno) como sistema oficial. Este sistema no consiste en retirar a los gatos de la calle, sino en estabilizar las poblaciones mediante un método no letal. Sin embargo, la aplicación del CER es uno de los grandes fracasos de la ley, ya que muchas asociaciones denuncian que los consistorios no destinan recursos suficientes y que son los voluntarios quienes siguen financiando y realizando estas tareas.
Infracciones y sanciones económicas
El régimen sancionador es uno de los pilares de la Ley de Bienestar animal. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Las leves, como no esterilizar a un gato antes de los seis meses o no inscribir una camada no planificada, pueden sancionarse con multas de 500 a 10.000 euros. Las graves, como la cría con fines comerciales sin estar registrado, conllevan multas de 10.001 a 50.000 euros. Las muy graves, que incluyen el maltrato animal con resultado de muerte o la utilización de animales en peleas, pueden alcanzar los 200.000 euros.
Además de las multas, la ley contempla medidas accesorias como la intervención de los animales, la clausura temporal de establecimientos o la suspensión de licencias y permisos. En los casos más graves, los infractores pueden ser inhabilitados para trabajar con animales. La cuantía final de la sanción se determina según la intencionalidad, el perjuicio ocasionado, el beneficio obtenido y la reincidencia del infractor. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, por lo que cualquier titular de un animal de compañía debe conocer estas obligaciones para evitar consecuencias legales y económicas.
La excepción de los perros de caza
Uno de los aspectos más controvertidos de la Ley 7/2023 es la exclusión de los perros de caza, las rehalas y los animales auxiliares de caza de su ámbito de aplicación. Esta exclusión ha sido confirmada recientemente por el Tribunal de Instancia de Logroño en una sentencia que anuló una multa de 750 euros impuesta a la Asociación Cansorros, vinculada a la actividad cinegética. Los hechos ocurrieron en la Sierra de la Demanda, en La Rioja, cuando dos perros de caza fueron vistos deambulando libremente por una pista forestal. El agente consideró que podían causar daños a la fauna silvestre y los sancionó.
La asociación recurrió alegando que los perros de caza están excluidos de la ley y que, por tanto, no se les puede sancionar por ir sueltos en el monte. El juez dio la razón a la asociación y recordó que la exclusión no depende de que el perro esté cazando en ese momento, sino de su condición de perro de caza. Además, señaló que en un procedimiento sancionador corresponde a la Administración probar los hechos y la responsabilidad, algo que no se hizo correctamente. Esta sentencia sienta un precedente importante para el resto de España y aclara que los animales dedicados a la caza no pueden ser sancionados con arreglo a la Ley de Bienestar animal.
En definitiva, la Ley de Bienestar animal ha supuesto un cambio profundo en la manera de entender nuestra relación con los animales de compañía, estableciendo obligaciones claras y sanciones contundentes para quienes las incumplan. La esterilización de los gatos, el control de la reproducción, la prohibición de atar a los perros sin supervisión y la exclusión de los perros de caza son algunos de los puntos más destacados de una normativa que sigue generando debate. A pesar de los avances, su aplicación efectiva sigue siendo desigual en todo el país, especialmente en lo que respecta a las colonias felinas, y tanto las administraciones como los ciudadanos aún tienen trabajo por delante para que esta ley se convierta en una realidad cotidiana y no solo en un texto legal sobre el papel.