- Las regiones con más pobreza y menos renovables concentran mayor mortalidad ligada a la contaminación del aire.
- El estudio analiza 88,8 millones de muertes en 653 regiones de 31 países europeos entre 2003 y 2019.
- El avance en energías renovables reduce tanto la contaminación como la vulnerabilidad de la población.
- Sur y este de Europa, incluida parte de España, sufren una doble carga: más exposición y menos protección sanitaria.
Aunque sobre el papel toda Europa respira el mismo aire, los efectos en la salud no se reparten ni mucho menos por igual. Un amplio trabajo científico liderado desde Barcelona confirma que las regiones más pobres del continente son también las que pagan el precio más alto en mortalidad cuando sube la contaminación atmosférica.
La investigación, coordinada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) junto al Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), dibuja una Europa claramente partida en dos. Mientras el norte y el oeste, con mayor renta y más energías renovables, han logrado amortiguar buena parte del impacto de la polución, el sur y el este —donde se concentran muchas de las regiones europeas más pobres y dependientes de combustibles fósiles— siguen siendo mucho más vulnerables a los efectos sanitarios del aire sucio.
Un macroestudio europeo para entender quién sufre más la contaminación
El trabajo, publicado en la revista Nature Medicine, se basa en una gigantesca base de datos del proyecto EARLY-ADAPT, que recopila 88,8 millones de muertes registradas entre 2003 y 2019 en 653 regiones contiguas de 31 países europeos. En total, se ha analizado a una población de unos 521 millones de personas, lo que permite trazar un mapa muy detallado de cómo la contaminación y las desigualdades socioeconómicas se combinan en Europa.
Para cada región se estimaron los niveles diarios de los principales contaminantes atmosféricos: material particulado fino (PM2.5), partículas gruesas (PM10), dióxido de nitrógeno (NO2) y el máximo diario de ozono troposférico en 8 horas (O3). Estas estimaciones no se hicieron a ojo: se utilizaron modelos avanzados de aprendizaje automático capaces de identificar patrones en grandes volúmenes de datos ambientales y generar predicciones muy precisas.
Además de la exposición a la polución, el equipo incorporó indicadores socioeconómicos regionales y datos de consumo de energía renovable extraídos de la base de estadísticas de Eurostat. Con toda esta información se construyeron modelos epidemiológicos para evaluar cómo varía el riesgo de mortalidad asociado a la contaminación del aire según el nivel de riqueza, el desarrollo social y el grado de transición energética, y cómo ha ido cambiando esa relación desde principios de siglo.
Este enfoque integral permite ir más allá del clásico “cuánta contaminación hay” y poner el foco en quién está más expuesto y en qué condiciones llega a esa exposición. Tal y como subrayan los autores, los factores socioeconómicos se consideran desde hace tiempo posibles modificadores de la relación entre contaminación y mortalidad, pero hasta ahora la evidencia cuantitativa a gran escala seguía siendo limitada.
Cuanto mayor es la pobreza, mayor es el daño sanitario por el aire sucio
Una de las conclusiones más contundentes del estudio es que los riesgos para la salud no dependen solo de los niveles de contaminación medidos en el aire, sino también de la vulnerabilidad de la población que lo respira. Dos regiones con concentraciones similares de PM2.5 o NO2 pueden registrar tasas de mortalidad muy distintas si difieren en renta, estructura demográfica o calidad del sistema sanitario.
Según los resultados, las regiones con mayor producto interior bruto (PIB) per cápita, menores tasas de pobreza y mayor esperanza de vida —principalmente en el norte y el oeste de Europa— presentan un riesgo de mortalidad asociado a la contaminación del aire sensiblemente menor. En el extremo opuesto, las áreas más desfavorecidas del sur y del este del continente registran riesgos significativamente más altos, en algunos casos prácticamente el doble que en las zonas más acomodadas.
Estas desigualdades no se han mantenido congeladas en el tiempo. Entre 2003 y 2019, las regiones más ricas han conseguido reducir de forma clara los riesgos de mortalidad ligados a PM2.5, PM10 y NO2. Mientras tanto, en buena parte de las regiones con menores ingresos o menor esperanza de vida solo se han observado pequeñas mejoras y, en algunos casos, incluso aumentos del riesgo asociado a estos contaminantes.
El primer autor del estudio, el investigador de ISGlobal Zhaoyue Chen, apunta que el problema no es únicamente que las regiones empobrecidas estén más contaminadas. También influye que las zonas económicamente más fuertes “suelen contar con sistemas de salud mejor equipados, programas de salud pública más completos y una mayor conciencia social sobre los efectos de la contaminación del aire, además de más capacidad para aplicar políticas ambientales estrictas”. Todo ello reduce el daño sanitario de la misma dosis de polución.
Para Chen, poder cuantificar el riesgo de mortalidad atribuible a la contaminación en cada región y periodo es clave para identificar con precisión qué territorios y colectivos son más vulnerables. En la práctica, esta información puede orientar mejor las políticas públicas, el refuerzo de la atención sanitaria local y las inversiones prioritarias en reducción de emisiones.
Transición energética: menos emisiones y menos vulnerabilidad
El trabajo también analiza de forma detallada el papel de la transición hacia las energías renovables en esta ecuación. Los investigadores no se quedan en la constatación de que las renovables rebajan los niveles de contaminación, sino que exploran cómo influyen, además, en la vulnerabilidad de la población frente a los efectos de ese aire contaminado.
Los resultados muestran que el aumento del uso de energía renovable en Europa durante el presente siglo se asocia con una reducción de la contaminación del aire del 15 % en PM2.5, del 54 % en PM10 y del 20 % en NO2. Esa mejora de la calidad del aire se traduce en una disminución de la mortalidad atribuible a la contaminación del 12 % para PM2.5, del 52 % para PM10 y del 20 % para NO2, cifras que reflejan un impacto sanitario nada desdeñable.
Pero el efecto de las renovables va más allá de limpiar el aire. Las regiones con una adopción rápida y elevada de energía limpia presentan también una menor vulnerabilidad de su población ante los episodios de polución. Una de las razones es que la transición energética suele ir acompañada de mejoras sociales e infraestructurales: transporte público más sostenible y frecuente, ciudades más verdes y peatonales, tecnologías industriales y domésticas menos contaminantes y normativas ambientales más estrictas.
Este conjunto de cambios contribuye a que las personas tengan, en general, mejor salud respiratoria y cardiovascular, y por tanto mayor capacidad de aguante ante picos de contaminación. En palabras llanas, no solo hay menos contaminación en el aire, sino también cuerpos y sistemas sanitarios mejor preparados para soportarla.
Sin embargo, el avance de la transición energética ha sido muy desigual en el continente. Los países del norte y buena parte del oeste han invertido con decisión en renovables, infraestructuras verdes y controles de emisiones más severos. En cambio, diversas naciones del sur y el este de Europa —como Italia, Polonia, Malta o Chipre— mantienen una fuerte dependencia de los combustibles fósiles, lo que limita tanto la mejora de la calidad del aire como la reducción de la vulnerabilidad poblacional.
Una Europa a dos velocidades en salud, energía y contaminación
Esta combinación de factores socioeconómicos y energéticos configura lo que varios expertos denominan “una Europa a dos velocidades”. Por un lado, están las regiones que han apostado fuerte por las renovables, las infraestructuras verdes y un control exigente de las emisiones; por otro, aquellas con altos niveles de pobreza, sistemas sanitarios más frágiles y menor capacidad para transformar su modelo energético.
Según el investigador de ISGlobal Joan Ballester Claramunt, autor sénior del estudio y responsable del proyecto EARLY-ADAPT, los países de Europa occidental han tendido a invertir más recursos en energía limpia y mejora de la calidad del aire. En cambio, muchos países del este dependen en mayor medida de financiación externa y se encuentran todavía en una fase inicial de integración de renovables y medidas de control de la contaminación, lo que frena la reducción del riesgo sanitario.
La investigadora del CIEMAT Yolanda Lechón valora especialmente que este trabajo combine, por primera vez de forma tan sistemática, niveles de contaminación, factores socioeconómicos y transición energética en un mismo marco analítico, apoyado en casi 89 millones de muertes registradas. A diferencia de otros estudios centrados casi exclusivamente en la exposición a contaminantes, aquí se incorpora de manera explícita la desigual vulnerabilidad de la población y su evolución en paralelo al despliegue de las energías renovables.
Lechón reconoce que el análisis se basa en modelos y datos agregados, lo que puede suavizar algunas diferencias locales muy finas, pero considera que su escala y enfoque integrado lo convierten en una referencia sólida para entender cómo las políticas climáticas se traducen en beneficios de salud concretos y quién se está quedando atrás en ese proceso. En sus palabras, la transición no consiste solo en “menos contaminación”, sino también en menos daño para un mismo nivel de exposición.
Los autores recuerdan además que las regiones que dependen más de los combustibles fósiles tienden a estar expuestas a una mezcla más compleja de sustancias nocivas, que incluye partículas ultrafinas y metales pesados capaces de causar daños importantes en el organismo. Esta exposición se asocia no solo con enfermedades respiratorias, sino también con patologías cardiovasculares, deterioro cognitivo e incluso incrementos del riesgo de ictus, hipertensión, depresión o enfermedad de Alzheimer.
Equidad y salud pública en el centro de las políticas ambientales
Un mensaje transversal del estudio es que la equidad en salud debe integrarse de forma explícita en las políticas ambientales y energéticas. No basta con reducir emisiones a escala global: es necesario priorizar las regiones y grupos sociales que actualmente soportan la mayor carga de mortalidad por contaminación del aire, que suelen coincidir con las áreas de menor renta y menor despliegue de renovables.
El investigador del BSC Carlos Pérez García-Pando insiste en la urgencia de reforzar la monitorización ambiental y sanitaria para poder detectar disparidades regionales y orientar estrategias más justas. Se trata de garantizar que los recursos públicos y las inversiones en energía limpia lleguen primero a quienes más lo necesitan, en lugar de profundizar las brechas ya existentes.
En esa línea, parte de los datos y modelos desarrollados para esta investigación se han incorporado a Forecaster.Health, un sistema de alerta temprana basado en impactos que emite avisos sobre riesgos de mortalidad asociados tanto a la temperatura como a la contaminación del aire para grupos de población vulnerables. Herramientas de este tipo permiten anticipar episodios de riesgo y preparar respuestas sanitarias más rápidas y focalizadas.
El estudio subraya también la importancia de fortalecer la infraestructura de salud pública en las áreas más expuestas, mejorar la atención a colectivos delicados —personas mayores, niños, pacientes con enfermedades crónicas— y desplegar programas de vigilancia epidemiológica que vinculen los picos de contaminación con los efectos en hospitales y mortalidad. Sin estos sistemas de seguimiento, es difícil evaluar si las políticas ambientales están reduciendo de verdad los daños en la salud.
Aunque el análisis se centra en Europa, los autores advierten de que sus conclusiones tienen alcance global. En muchos países de ingresos bajos y medios, el crecimiento urbano acelerado y la expansión industrial avanzan más deprisa que las inversiones en energía limpia y protección ambiental. Esta combinación de rápida urbanización, alta contaminación y escasa infraestructura sanitaria puede incrementar aún más la vulnerabilidad de millones de personas a los efectos del aire sucio.
Qué implican estos resultados para España y el sur de Europa
Para países del sur de Europa como España, Italia o Grecia, los hallazgos del estudio son especialmente relevantes. Se trata de territorios que combinan episodios frecuentes de contaminación atmosférica —por ejemplo, de ozono troposférico en los meses cálidos o intrusiones de polvo africano— con desigualdades socioeconómicas y territoriales marcadas entre regiones, provincias e incluso barrios de una misma ciudad.
En el caso español, los autores apuntan que el fuerte impulso a las energías renovables —eólica, solar fotovoltaica, termosolar y otras tecnologías— tiene el potencial de aportar importantes beneficios sanitarios adicionales, más allá de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El despliegue de renovables se asocia con una menor dependencia de combustibles fósiles, menos partículas finas y gases tóxicos en el aire y, a medio plazo, mejor salud respiratoria y cardiovascular de la población.
Ahora bien, el estudio insiste en que esta transición energética debe ir de la mano de políticas de salud pública específicas. Entre las líneas de actuación sugeridas figuran el refuerzo de la vigilancia epidemiológica de enfermedades vinculadas a la contaminación, la implantación de sistemas de alerta temprana ante episodios de alta polución, la mejora del acceso a la atención sanitaria para poblaciones vulnerables y una mayor coordinación entre las políticas ambientales y sanitarias a todos los niveles de la administración.
El informe también apunta que, si no se tiene en cuenta la dimensión social, la transición energética corre el riesgo de ensanchar las desigualdades ya existentes. Si las inversiones en renovables, en infraestructuras verdes y en control de emisiones se concentran sobre todo en las regiones ya más desarrolladas, las zonas más pobres pueden quedar atrapadas en un círculo de alta exposición, menor capacidad de respuesta sanitaria y más mortalidad.
En este sentido, los autores plantean que la transición energética en España y en el resto del sur de Europa debería concebirse no solo como una herramienta climática, sino como una palanca para reducir brechas de salud. Priorizar las comarcas y barrios donde coinciden pobreza, baja implantación de renovables y elevada contaminación se presenta como una condición fundamental para una transición justa.
El conjunto de la evidencia reunida refuerza una idea de fondo: las regiones europeas más pobres son también las más vulnerables a la contaminación del aire, tanto porque respiran un aire de peor calidad como porque cuentan con menos recursos para defenderse de sus efectos. Allí donde la transición energética avanza con decisión, la población disfruta de un aire más limpio y una mayor protección sanitaria; donde se retrasa, se consolida una brecha de salud que atraviesa el mapa de Europa. Colocar a estos territorios en el centro de las políticas energéticas, ambientales y sanitarias no es solo una cuestión de clima, sino de justicia social y derecho a la salud para millones de personas.