- Los robos de cable en el corredor sur de alta velocidad se han disparado en julio, con al menos seis incidentes en apenas dos semanas.
- El Ministerio de Transportes propone reformar el artículo 240 del Código Penal para castigar estos delitos con penas de dos a seis años de prisión.
- Adif ha anunciado el refuerzo de la vigilancia con patrullas adicionales y la colaboración de las Fuerzas de Seguridad.
- La acumulación de incidencias ha provocado una caída del 16,8% en el número de viajeros de alta velocidad en los primeros cinco meses del año.
La red de alta velocidad española está viviendo un auténtico calvario. En lo que va de julio, los robos de cable se han sucedido casi a diario en el corredor que une Madrid con Andalucía, dejando a miles de viajeros atrapados en retrasos y cancelaciones. La situación ha llegado a tal punto que el Gobierno ya prepara una reforma legal para endurecer las penas contra estos delitos, mientras Adif trata de blindar las vías con más vigilancia.
Los incidentes no solo afectan a la puntualidad, sino que también están pasando factura al número de pasajeros. Según los últimos datos del INE, la alta velocidad acumula una caída del 16,8% en viajeros entre enero y mayo, una tendencia que se agrava con cada robo. El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, considera la situación «totalmente inaceptable» y ha puesto en marcha medidas urgentes.
Una oleada de robos que no cesa
Desde el 25 de junio, el corredor sur de alta velocidad ha sufrido al menos seis robos de cable. El último, registrado este domingo entre Venta de la Inés y Brazatortas (Ciudad Real), provocó retrasos en los trenes con destino a Andalucía y Toledo. Apenas dos días antes, otro robo entre Mora, Orgaz y La Sagra (Toledo) había dejado fuera de servicio los sistemas de señalización durante horas. La repetición de estos actos vandálicos en el mismo tramo geográfico ha encendido todas las alarmas.
Adif confirmó que, solo en la primera semana de julio, se contabilizaron nueve incidencias relacionadas con robos de cable en toda España, tres de ellas concentradas en el área de Urda, Malagón y Ciudad Real. «Todos estos robos están provocando incidencias técnicamente difíciles de resolver, que repercuten irremediablemente en cortes de circulación prolongados y molestias a los viajeros», señaló el gestor ferroviario en un comunicado.
Además de los robos, otros factores como los incendios forestales cercanos a las vías han obligado a suspender la circulación en varios tramos, agravando aún más la situación. El accidente de enero en Adamuz (Córdoba) también sigue lastrando la recuperación del servicio.
El Gobierno responde con penas más duras
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado una propuesta para reformar el artículo 240 del Código Penal. La idea es incorporar un subtipo agravado de robo con fuerza que castigue con penas de dos a seis años de prisión cuando la sustracción de elementos de la infraestructura ferroviaria atente contra la circulación o el servicio público. «La respuesta penal no solo tiene que tener en cuenta el valor del material sustraído, sino también las graves consecuencias que estos robos generan sobre un servicio público esencial», explicaron fuentes del ministerio.
La medida busca «adecuar las penas a la gravedad de estas conductas» y reforzar la protección de una infraestructura crítica. Hasta ahora, estos delitos se castigaban con penas menores, lo que, según el Gobierno, no disuadía a los ladrones. La reforma se tramitará en las próximas semanas y se espera que entre en vigor antes de final de año.
Adif refuerza la vigilancia
Paralelamente, Adif ha decidido aumentar la seguridad en el corredor sur. Hasta ahora, la zona contaba con tres patrullas de vigilancia, pero tras los últimos robos se han añadido dos más, alcanzando un total de cinco equipos. Estos operan de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo es disuadir a los delincuentes y reducir el tiempo de respuesta ante cualquier incidencia.
Sin embargo, proteger cientos de kilómetros de vía, muchos de ellos en zonas despobladas, no es tarea fácil. Los cables sustraídos suelen ser de fibra óptica o de señalización, materiales que, aunque de bajo valor económico, causan daños desproporcionados. Cuando se arrancan de forma abrupta, los sistemas de control de tráfico dejan de funcionar, obligando a reducir la velocidad y a aumentar la distancia entre trenes, lo que genera retrasos en cadena.
Consecuencias para los viajeros y el servicio
Los pasajeros son los principales perjudicados. En los últimos días, los retrasos han oscilado entre 20 minutos y más de dos horas, dependiendo del momento y la gravedad de la incidencia. Operadores como Renfe, Iryo y Ouigo han tenido que gestionar cambios de billetes y devoluciones, mientras que muchos viajeros denuncian en redes sociales la falta de información y la sensación de «estar atrapados» en los vagones.
La caída de viajeros en alta velocidad es el reflejo de esta crisis. En mayo, los trenes Ave, Ouigo, Iryo y Avlo transportaron 3,6 millones de pasajeros, un 7,1% menos que en el mismo mes de 2025. El acumulado del año arroja un descenso del 16,8%, el quinto consecutivo desde enero. La combinación de robos, averías y otros incidentes está minando la confianza de los usuarios en un servicio que hasta ahora era un referente de puntualidad.
Adif recomienda a los viajeros consultar el estado de su tren antes de acudir a la estación, a través de las aplicaciones oficiales de los operadores. También aconseja conservar los billetes para posibles reclamaciones. Mientras tanto, los equipos de mantenimiento trabajan contrarreloj para reparar los daños y devolver la normalidad a una línea que, a día de hoy, parece no tener respiro.
La sucesión de robos de cable en el corredor sur de alta velocidad ha desencadenado una respuesta sin precedentes por parte del Gobierno y Adif, con penas más severas y un refuerzo de la vigilancia. A pesar de los esfuerzos, la vulnerabilidad de una infraestructura que se extiende por cientos de kilómetros sigue siendo un desafío. Los viajeros, mientras tanto, sufren las consecuencias de unos actos vandálicos que, más allá del valor del material, ponen en jaque la movilidad de miles de personas cada día.