- El 75% de las estaciones urbanas de tráfico analizadas en 25 ciudades españolas incumplen total o parcialmente los nuevos criterios europeos de ubicación.
- Muchos medidores se han desplazado a calles secundarias o se sitúan demasiado altos o lejos de la calzada, lo que maquilla los niveles reales de contaminación.
- Solo seis ciudades (Gijón/Xixón, Palma, Pamplona/Iruña, Sevilla, València y Zaragoza) cuentan con estaciones de tráfico consideradas adecuadas.
- Ecologistas en Acción reclama reubicar las estaciones en un año y situar al menos una por aglomeración en un punto crítico, con revisión homogénea y participación ciudadana.
La red oficial que vigila la contaminación del aire en las ciudades españolas no está midiendo siempre lo que respira la gente en los puntos más conflictivos. Un amplio análisis de Ecologistas en Acción concluye que la mayoría de las estaciones de tráfico que se usan como referencia están mal situadas y no reflejan la exposición real de la población.
Según este trabajo, tres de cada cuatro medidores urbanos orientados al tráfico en España no cumplen los nuevos requisitos europeos de ubicación. En muchos casos han sido desplazados con los años a calles secundarias, zonas de menor tránsito o se han colocado a demasiada altura o lejos de la calzada, lo que tiende a suavizar los datos de polución y a transmitir una sensación de aire más limpio de la que realmente existe.
Un informe que pone el foco en 25 grandes ciudades
El informe ‘Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español’, elaborado por Ecologistas en Acción, revisa la ubicación y el contexto territorial de 25 estaciones de medición oficiales orientadas al tráfico en otras tantas ciudades. Se incluyen las 17 aglomeraciones urbanas de más de 250.000 habitantes y varias urbes de tamaño medio, con la intención de cubrir al menos un núcleo urbano por comunidad autónoma.
Para cada estación se ha evaluado tanto la macroimplantación (tipo de entorno, si es urbano o suburbano, y su relación con las principales vías de tráfico) como la microimplantación (altura de la toma de muestras, distancia al borde de la calzada, obstáculos cercanos o morfología de la calle). El objetivo es ver hasta qué punto las mediciones son representativas, comparables y técnicamente válidas según la nueva normativa comunitaria.
La organización ha escogido, dentro de cada red regional o municipal, la estación de tráfico con peores registros de contaminación, aquellas que tradicionalmente han marcado los niveles más elevados de dióxido de nitrógeno (NO₂) o partículas, como ocurre con puntos muy conocidos de Madrid, Barcelona o València.
El resultado global es claro: 19 de las 25 estaciones presentan algún tipo de incumplimiento de los criterios de ubicación marcados por la Unión Europea, ya sea de forma parcial o total. O dicho de otro modo, solo una de cada cuatro está correctamente situada según los estándares actuales.
Qué exige la nueva directiva europea de calidad del aire
La situación se analiza en el contexto de la nueva Directiva 2024/2881 sobre la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa, que los Estados miembros deben incorporar a sus legislaciones. Esta norma surge, en buena medida, tras detectarse que muchas ciudades europeas habían desplazado estaciones “incómodas” para mejorar sus cifras oficiales de contaminación.
Un hito clave fue una sentencia de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el diseño de la red de medición en Bruselas. A partir de ese caso, la UE decidió endurecer los criterios de ubicación de los puntos de muestreo, con el fin de evitar prácticas que en la práctica oculten las superaciones de los valores límite.
La directiva obliga a que los puntos de muestreo destinados a proteger la salud humana se coloquen en los puntos críticos de contaminación dentro de cada zona, preferiblemente en áreas sensibles: barrios residenciales densos, centros educativos, hospitales, residencias o zonas de oficinas donde se acumula mucho tráfico.
Cuando el objetivo es evaluar la contaminación causada por el tráfico rodado, los medidores deben situarse en calles donde se registren las mayores concentraciones de contaminantes, teniendo en cuenta el volumen de vehículos, la configuración urbana (los llamados “desfiladeros urbanos”, con edificios altos que dificultan la dispersión) y el uso del suelo circundante.
Además, la norma fija límites concretos para la microimplantación: la altura del punto de muestreo no debería superar los cuatro metros y la distancia hasta el borde de la calzada debe ser inferior a diez metros cuando se mide la aportación del tráfico. Cada zona ha de contar, como mínimo, con una estación en un punto crítico para contaminantes clave como NO₂, partículas (PM₁₀ y PM₂,₅), benceno o monóxido de carbono.
Recolocar estaciones para maquillar la contaminación
Ecologistas en Acción recuerda que, a lo largo de las últimas décadas, muchas administraciones autonómicas y ayuntamientos han optado por mover las estaciones más conflictivas, normalmente las de tráfico, desde grandes avenidas con niveles frecuentes de superación hacia calles con densidad de circulación moderada o entornos de fondo urbano.
Este patrón se detecta ya desde los años 2000, cuando era habitual el incumplimiento de los límites de contaminación atmosférica en la mayoría de ciudades grandes y medianas de España. Ante la perspectiva de sanciones, litigios y mala imagen, se optó en distintos casos por desplazar los medidores en lugar de abordar de raíz las fuentes de polución.
Según relata el autor principal del informe, Miguel Ángel Ceballos, esta práctica se traduce en que los datos oficiales no representan la realidad del aire que respiran miles de personas en ejes viarios muy transitados, donde se concentran los gases tóxicos y las partículas. La consecuencia es que, en ocasiones, se declara el cumplimiento de los valores límite sin que el problema de fondo esté resuelto.
La nueva directiva quiere cortar de raíz esa situación y obliga a rediseñar las redes de control para que al menos la mitad de las estaciones en cada sistema regional o municipal sean realmente puntos críticos. En este contexto, el informe de Ecologistas en Acción pretende servir como diagnóstico de partida y presiona para que la transposición en España incluya plazos claros y mecanismos de revisión.
Tres de cada cuatro estaciones: principales fallos detectados
El mensaje central del estudio es que tres cuartas partes de las estaciones analizadas, 19 de 25, presentan deficiencias respecto a los criterios europeos de implantación. En algunas ciudades el problema es la localización general —no están en las calles más contaminadas— y en otras el fallo se concentra en los detalles técnicos de cómo y desde dónde se toman las muestras.
En el primer grupo, Ecologistas en Acción destaca seis aglomeraciones: Barcelona, Bilbao, Elx/Elche, Granada, Santander y Valladolid. En todas ellas, las estaciones orientadas al tráfico estudiadas no se encuentran en calles donde se esperan las máximas concentraciones, de modo que dejan fuera los auténticos puntos negros de contaminación.
Hay otros tres casos especialmente llamativos: Badajoz, Guadalajara y Logroño carecen de estaciones específicas de tráfico. La única estación urbana con la que cuenta cada una está ubicada en una posición de fondo, en entornos residenciales o de tráfico moderado, por lo que no permite evaluar el impacto directo de los vehículos en los ejes con más circulación.
El grueso de las deficiencias, sin embargo, se concentra en la microimplantación. Muchas estaciones están colocadas demasiado lejos de la calzada o a alturas que se salen del rango de respiración de la población, lo que reduce de manera significativa las concentraciones registradas en comparación con las que se dan a pie de calle.
Entre los ejemplos recogidos en el informe figuran mediciones ubicadas en cubiertas de edificios, techos de mercados o aparcamientos elevados, alejadas del flujo directo del tráfico. Se trata de decisiones de diseño que, sin ser visibles para el ciudadano de a pie, tienen un impacto directo en cómo se dibuja el mapa oficial de la contaminación urbana.
Alturas excesivas y demasiada distancia a la calzada
En cuanto a la altura, el estudio considera especialmente críticos los casos de Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria. En la capital vizcaína, la estación seleccionada se sitúa por encima del límite de cuatro metros que fija la normativa, mientras que en Las Palmas se habla de una instalación ubicada a más de 15 metros, muy lejos de la zona donde se concentra el aire que respira la ciudadanía.
Respecto a la distancia a la calzada, la directiva es clara: cuando se mide la contaminación ligada al tráfico, el punto de muestreo no debe estar a más de diez metros del borde de la vía. Sin embargo, en ciudades como A Coruña, Alacant/Alicante, Badajoz, Elx/Elche, Logroño, Madrid, Málaga, Donostia/San Sebastián, Vigo y Vitoria-Gasteiz, las estaciones estudiadas superan ese umbral, lo que puede rebajar de forma artificial las concentraciones obtenidas.
En el caso de Euskadi, organizaciones como Ekologistak Martxan han denunciado de forma específica la ubicación de medidores urbanos en Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz. En Vitoria, por ejemplo, se cita una estación situada en la avenida Gasteiz, en un aparcamiento residencial y con una altura de muestreo que ronda los 52 metros, algo completamente alejado de las condiciones reales de exposición de la población.
Estos problemas no son exclusivos del País Vasco. Situaciones similares se repiten en distintos puntos del país, donde las estaciones se han desplazado a tejados, zonas interiores de manzana o márgenes alejados del tráfico, con el argumento de cumplir formalmente requisitos pasados, pero a costa de reducir la fiabilidad sanitaria de los resultados.
Ecologistas en Acción advierte de que este tipo de microerrores, que pueden parecer detalles técnicos menores, terminan maquillando la imagen global de la calidad del aire y dificultan la adopción de políticas contundentes frente al tráfico motorizado, una de las principales fuentes de contaminación urbana.
Ciudades que aprueban y casos intermedios
Dentro del panorama general, el informe identifica seis ciudades donde las estaciones de tráfico analizadas se consideran adecuadas en términos de macro y microimplantación: Gijón/Xixón, Palma, Pamplona/Iruña, Sevilla, València y Zaragoza. En estos casos, los medidores se sitúan en ejes de tráfico relevantes, a alturas razonables y a distancias apropiadas de la calzada.
En Zaragoza, por ejemplo, la estación de la avenida Soria se ajusta con carácter general a los criterios fijados por la directiva europea. No obstante, el propio informe recuerda que en 2025 este punto ya habría superado el nuevo nivel legal de dióxido de nitrógeno que será exigible a partir de 2030, lo que pone sobre la mesa que, cuando se mide bien, afloran superaciones que exigen medidas más ambiciosas.
Algo similar ocurre en Xixón, donde la estación de la avenida de la Constitución recibe la etiqueta de localización adecuada, pero la ciudad cuenta con otras cinco estaciones cuya ubicación debería revisarse para garantizar que, como mínimo, la mitad de ellas se encuentren en auténticos puntos críticos de tráfico.
La propia Murcia ilustra los casos intermedios. La estación de San Basilio se considera “parcialmente adecuada”: se encuentra cerca de la Ronda Oeste, un gran eje viario, pero su emplazamiento físico está demasiado alejado de la calzada según los nuevos parámetros comunitarios. Ecologistas en Acción reclama también revisar las estaciones de Alcantarilla y Ronda Sur para que pasen a medir en zonas de máxima exposición.
En el resto de urbes que aprueban, el informe insiste en que no todo el trabajo está hecho. Aunque la estación principal orientada al tráfico cumpla, existen otros medidores dentro de la red local o autonómica que deberían reubicarse para que el conjunto de la red responda a las exigencias de la directiva.
Impacto sobre la salud y percepción ciudadana
Más allá del debate técnico, las organizaciones ecologistas subrayan que el diseño de la red de control del aire tiene consecuencias directas sobre la salud pública. Si los medidores no captan adecuadamente los niveles máximos de contaminación, es fácil que las administraciones den por buenos unos datos que en realidad están infraestimando el riesgo.
En el caso español, distintos estudios manejan cifras en torno a las 22.000 muertes prematuras al año vinculadas a la contaminación atmosférica. Se trata de un problema silencioso que afecta a enfermedades cardiovasculares, respiratorias y a múltiples patologías crónicas, y cuyos efectos se acumulan especialmente en población vulnerable, como menores, personas mayores o quienes ya sufren problemas de salud previos.
Cuando los índices oficiales se elaboran a partir de estaciones mal ubicadas, se genera una brecha entre la experiencia cotidiana de la ciudadanía —que puede notar olores, nieblas de tráfico o molestias respiratorias en determinadas calles— y las cifras que se difunden en informes y paneles públicos, a menudo mucho más benévolas.
Ecologistas en Acción sostiene que esta “distorsión” en las mediciones dificulta la aceptación social de medidas impopulares pero necesarias, como restricciones al tráfico privado, zonas de bajas emisiones o cambios en el urbanismo. Si los datos oficiales no reflejan bien la gravedad del problema, cuesta más justificar transformaciones profundas en la movilidad urbana.
Además, ubicar medidores en puntos cómodos reduce la capacidad de las autoridades para detectar superaciones de los valores límite legales y actuar a tiempo. La directiva europea pretende precisamente cerrar esa puerta, reforzando la obligatoriedad de situar los controles en los lugares donde la población está más expuesta.
Revisión urgente de la red y papel del Gobierno central
Ante este diagnóstico, Ecologistas en Acción plantea una serie de demandas concretas de cara a la transposición de la directiva al ordenamiento español. En primer lugar, pide que se fije un plazo máximo de un año para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos revisen la ubicación de todas las estaciones urbanas orientadas al tráfico.
Ese proceso debería garantizar que, en cada aglomeración, exista al menos una estación de medición situada en un punto crítico de contaminación atmosférica, de forma que los episodios de superación de los límites no pasen desapercibidos. La organización insiste en que no basta con mover un par de medidores; hay que revisar de manera integral el diseño de las redes.
Para evitar disparidades entre territorios, la entidad ecologista ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que elabore una guía técnica de referencia. Esa guía debería fijar criterios homogéneos sobre cómo identificar los puntos críticos, qué parámetros deben tenerse en cuenta y qué usos del suelo se consideran especialmente sensibles.
El informe plantea también que la reconfiguración de las redes de seguimiento se acompañe de aplicaciones de modelización y campañas de mediciones indicativas temporales, que ayuden a justificar con datos sólidos la elección de unas ubicaciones u otras. Esto permitiría ajustar la red con mayor precisión y responder mejor a las particularidades de cada ciudad.
Por último, Ecologistas en Acción defiende que todo este proceso de revisión esté sometido a mecanismos de participación ciudadana, de manera que asociaciones vecinales, colectivos sanitarios y otros actores sociales puedan opinar sobre dónde consideran que deberían estar los medidores en sus barrios.
Una asignatura pendiente en la gestión del aire urbano
Con alrededor de 800 estaciones de medición repartidas por 135 zonas de calidad del aire en todo el país, España dispone de una red extensa pero muy desigual. Hay áreas con una cobertura amplia, como Madrid, que suma más de veinte estaciones, y otras grandes ciudades que apenas cuentan con un puñado de medidores, a veces situados en emplazamientos poco representativos.
El estudio de Ecologistas en Acción deja claro que, más que una cuestión puramente tecnológica, el problema es dónde y cómo se instalan esos equipos. Ubicar correctamente los medidores es un paso imprescindible para conocer con rigor qué se respira en las calles, ajustar las políticas de movilidad y protección de la salud, y recuperar la confianza de la ciudadanía en los datos oficiales.
El cumplimiento efectivo de la nueva directiva europea abre una ventana de oportunidad para corregir años de diseños cuestionables de las redes de control. Si las administraciones asumen el reto de reubicar estaciones en puntos críticos, reforzar la transparencia y aplicar criterios homogéneos en todo el territorio, la fotografía de la contaminación urbana será menos complaciente, pero también más honesta y útil para proteger la salud de quienes viven y trabajan en las ciudades.